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Por qué Carlos Mesa es un mal candidato

Aquí está el link al artículo publicado en Página Siete el miércoles 13 de marzo. Fue la noticia más leída del día y a la fecha lleva 580 likes y 318 no likes.

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Porqué Carlos Mesa es un mal candidato

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Hay algo que todos tenemos claro. Todo es preferible a Evo Morales. Si se trata de elegir entre la repugnantemente trucha candidatura de Evo Morales y cualquier otra, cualquier otra es preferible. Incluso la candidatura de Carlos Mesa. A veces nos toca elegir el mal menor.

Carlos Mesa tiene sus virtudes como todo el mundo, pero es un muy mal candidato. Tanto que en cualquier otra elección no debería ser una opción seria para la población. Veamos porqué.

El país no solo necesita sacarse a Evo Morales de encima. Una vez que eso pase, el país necesita de una hoja de ruta que responda a un diagnóstico claro y valiente de sus problemas. Y si Carlos Mesa hiciera ese diagnóstico entendería que el problema histórico fundamental de Bolivia es el sometimiento del individuo por parte del estado. En otras palabras, el problema del país es el permanente y brutal avasallamiento del estado aplastando las libertades individuales. ¿Quiere comprar una casa? A peregrinar haciendo trámites, pagando impuestos y probablemente pagando coimas para acelerar el proceso. ¿Quiere poner un negocio? A pagar el doble aguinaldo, los sueldos mínimos, a registrarse con el ministerio, con la gobernación, con la alcaldía, etc. ¿Quiere traer inversión al país? A coimear al ministerio correspondiente y prender velas a los santos para que no le nacionalicen la empresa o le cambien las reglas de juego. ¿Quiere comprar productos extranjeros? Lo tendrá que hacer ilegalmente (de contrabando) porque el gobierno le hará llenar registros y le cobrará impuestos si lo hace abiertamente. ¿Y si tiene problemas legales que resolver? Que Dios lo ayude. La justicia es un calvario. Toda esta intromisión estatal en nuestras vidas hace que Bolivia sea, literalmente, el país con la mayor tasa de informalidad del mundo. Es muy poca la gente en Bolivia que hace las cosas legal y formalmente. No porque seamos todos bandidos y corruptos por naturaleza sino porque no queda otra en la lucha desigual entre un estado elefantiásico y el individuo o empresa de a pie.

Este diagnóstico es indispensable porque si entendemos que el individuo enfrenta todas estas trabas para desarrollar su trabajo, sus habilidades, sus ideas, su emprendimiento, entonces entenderemos por qué es imposible crear riqueza. Esto es fundamental. La riqueza la crean los individuos, no los estados. Y si los individuos no lo pueden hacer por la intromisión estatal omnipresente, entonces Bolivia nunca saldrá del subdesarrollo.

¿Entiende esto Carlos Mesa? Ni de lejos. Escuche usted sus mensajes y sus discursos. Encontrará frases huecas de típico político populista como “igualdad, equidad, inclusión,” “todos podemos hacer el futuro juntos,” “medio ambiente e igualdad de genero,” “con ustedes, por ustedes y para ustedes.” Cosas que venimos escuchando de los políticos desde la Grecia de Aristóteles. Un candidato serio debería proponer a voz en cuello la urgente necesidad de liberar al individuo del estado. Específicamente, 1) Reducir el tamaño e influencia del gobierno. Yo propondría, por ejemplo, y sólo para empezar, reducir a la mitad el número de ministerios y eliminar al menos el 60% de la planilla de empleados públicos. Un gobierno elefantiásico como el que tiene Bolivia solo significa una carga fiscal, una burocracia que se come vivos a todos aquellos que quieran formalizar sus negocios y un nido de corrupción que le socava al individuo su poca plata y dignidad. 2) Reformar el sistema judicial y proteger a capa y espada la propiedad privada. Carlos Mesa ha mencionado la necesidad de reformar el sistema judicial para acabar con el uso político que de este hace el actual régimen. Más vale. Pero esta reforma tiene que ir mucho más allá. Si reducimos el tamaño del estado y las múltiples reglas y regulaciones para hacer actividad económica, tendremos mucha menos necesidad de recurrir tan frecuentemente a la justicia. 3) Abrir la economía y formalizar la libre importación para que todos los negocios que actualmente se dedican a eso lo hagan legalmente. ¿Por qué debemos restringir la decisión de ciudadanos libres de comprar productos extranjeros? ¿Para proteger a los empresarios bolivianos? Más que tarifas protectoras, lo que los empresarios bolivianos necesitan es menos impuestos, menos tramitología y menos imposiciones a sus costos de producción. ¡Los empresarios bolivianos tienen que pedir permiso hasta para exportar! 4) Eliminar la mayoría de las regulaciones a la empresa privada. Esto implica fundamentalmente liberar el mercado laboral (no más salarios mínimos ni doble aguinaldo) para que las empresas tengan incentivos nuevamente de contratar trabajadores.

Carlos Mesa no propone nada de esto. De hecho, ha dicho que su programa económico ¡se elaborará consultando a la gente! ¿Existe algo más populista que eso? Pero es tan poca la comprensión de Carlos Mesa del diagnóstico anterior que no es capaz de criticar al régimen actual por hacer exactamente lo contrario. En efecto, con el MAS, el estado pisotea campantemente y más que nunca al individuo. Carlos Mesa critica severamente al régimen por violar la constitución y atornillarse en el poder, pero no le critica su proyecto económico para el país. De hecho, su critica a Evo Morales es que este piense que “el poder es más importante que el proyecto.” ¿Cómo? ¿Quiere decir Carlos Mesa que el proyecto de Evo Morales no es un problema? Es decir, ¿si Evo Morales fuera un demócrata habría que aplaudirle su proyecto político/económico? No nos equivoquemos, el régimen actual no es de lo peor que le haya pasado a Bolivia sólo por sus ansias de poder sino precisamente por su proyecto político/económico que propone un socialismo trasnochado que sigue aplastando las libertades individuales. El día que Carlos Mesa entienda esto es posible que llegué a ser un buen candidato. Por ahora, es el mal menor.

Decretos que no ayudarán ni a niños ni a padres

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El pasado jueves 18 de enero, el Presidente Evo Morales presentó una serie de decretos destinados a proteger a los niños en estado de salud crítico y a sus familias. El primero de estos decretos establece un régimen especial de licencias para los padres o tutores de niños que presenten enfermedades graves o terminales. De acuerdo a este decreto, los empleadores estarán obligados a otorgar a estos trabajadores permisos con goce total de haberes desde 2 a 30 días según la enfermedad del niño. Además, a estos padres o tutores se les deberá garantizar la “inamovilidad funcionaria,” es decir, no podrán ser despedidos.

Aunque comparto, por supuesto, las buenas intenciones de los legisladores, me temo que estos decretos terminarán engrosando la ya larga colección de normas que generan resultados exactamente opuestos a los que se buscan. Me explico.

Todo agente económico responde a incentivos. El error garrafal de estas normas es ignorar esta realidad. En el caso de estos decretos, el incentivo obvio de los empleadores será buscar formas de no contratar a personas que tengan hijos en estado de salud crítico. Un trabajador que tenga hijos en estado de salud crítico podrá exigir más permisos y además no podrá ser despedido. Para la empresa, por lo tanto, el costo esperado de este trabajador puede llegar a ser mucho más alto que el de una persona soltera, sin hijos o con hijos sin estos problemas médicos. Dado que una vez contratado, estos decretos protegen al trabajador, los empleadores tendrán incentivos a no contratarlo en primer lugar. Así lo único que se logrará con estos decretos es que a los padres o tutores de niños en estado de salud crítico les sea más difícil conseguir trabajo.

Se dirá que los trabajadores no tienen porque declarar aspectos de su vida personal como la salud de sus hijos al momento de postularse a un puesto de trabajo. Aunque eso es cierto, en la práctica existen muchas formas de extraer esa información. Los empleadores pueden, por ejemplo, crear formularios con preguntas de respuesta opcional al momento de la postulación. Si los postulantes deciden no responder a estas preguntas por temor a revelar algún problema médico en su familia, la no respuesta enviará una señal importante al empleador. Las empresas también pueden crear posiciones temporales o de prueba para establecer si el trabajador tiende a pedir muchos permisos por problemas médicos en su familia antes de ofrecerle un puesto permanente.

Aunque el gobierno se jacta de que la tasa de desempleo en Bolivia es muy baja (alrededor del 4%), todos sabemos que la gran mayoría de estos empleos están en el sector informal (que consiste en alrededor del 65% de la economía). Conseguir un trabajo en el sector formal es, por lo tanto, mucho más difícil de lo que esa baja tasa de desempleo sugeriría. Además, las empresas en el sector formal ya tienen que cumplir con una serie de normas que hacen que producir y contratar sea bastante caro: doble aguinaldo, salario mínimo, presión de sindicatos, permisos de exportación, interminable papeleo, burocracia, corrupción, marchas, bloqueos, etc. ¿Para que echar leña al fuego entonces haciendo que la contratación en el sector formal sea aún más cara y difícil? Sobre todo con el perjuicio que esto supone para padres o tutores que enfrentan situaciones tan complicadas en sus familias.

Repito: la intención es loable. Todos queremos que los niños en estado de salud crítico y sus familias tengan la mayor atención posible. El problema es que estos decretos ignoran los incentivos de los agentes económicos involucrados. Al hacer que el costo esperado de contratar a padres o tutores que tienen estos niños sea más alto, las empresas tratarán de no contratarlos. Sumados a las otras normas y barreras ya mencionadas, estos decretos continúan haciendo la contratación más difícil y empujando a que las empresas disuelvan su condición formal y engrosen el sector informal como lo hacen muchas todos los años. El trabajador entonces se quedará sin trabajo o conseguirá un trabajo en el sector informal donde no solamente estos decretos no aplican sino tampoco ningún otro beneficio.

La mejor forma de ayudar a estos niños, a sus padres y al trabajador en general, es reduciendo las imposiciones a las empresas, reduciendo la burocracia y maximizando la libre contratación. Solo así más empresas tendrán incentivos a quedarse o ingresar al sector formal y se generará más demanda por trabajadores lo cuál subirá natural y sostenidamente sus salarios y beneficios.

¿Debe ser la salud un derecho?

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Sigo regularmente la columna de Andrés Gómez en Página Siete. Un excelente periodista que escribe cada semana análisis bastante acertados y valientes. En los últimos años su columna ha desarrollado una crítica punzante no solo contra el actual régimen sino también contra la filosofía demagógica y populista que representa. Algo que, por supuesto, aplaudo con entusiasmo. Pero a veces al mejor cazador se le va la liebre. Y me temo que a Andrés la liebre se le fue por un largo margen en su artículo “La salud como derecho a la vida” del pasado domingo 7 de enero.

En ese artículo Andrés planteaba lo siguiente:

  1. La salud debe ser un derecho garantizado por el estado.
  2. Este derecho no puede ser garantizado, sin embargo, si las personas no tienen las condiciones materiales que permitan una vida saludable como el empleo y la alimentación. En consecuencia, estas dos condiciones materiales deben también ser un derecho.
  3. Andrés justifica lo anterior afirmando que la salud es la base de la felicidad.

Lo paradójico es que estos argumentos son tan o más populistas que las políticas impulsadas por el régimen que Andrés critica con tanto acierto. Veamos.

¿Que significa que la salud sea un derecho? Significa esencialmente que por el hecho de existir toda persona puede exigir, amparada en la ley, que se le otorguen servicios de salud. Es decir, campañas de prevención, acceso a hospitales, doctores, medicinas, etc. ¿Y a quién se le exigiría todo esto? Al gobierno, por supuesto. Pero, ¿como hace el gobierno para financiar todos estos servicios? Cobrando impuestos. Es decir, cuando decimos que la salud es un derecho, en el fondo estamos diciendo que es legítimo obligar a unos (a través de impuestos) a proveer estos servicios para otros. Así de simple: la otra cara del derecho es la imposición. La demagogia populista trata de disfrazar esta realidad llamándola “sociedad solidaria” pero de solidaria no tiene nada. Por definición la solidaridad es voluntaria. Los impuestos son en cambio una obligación respaldada con violencia: si no paga lo meten a la cárcel. Que la salud sea un derecho es entonces una imposición violenta que restringe nuestra libertad al forzarnos a pagar impuestos, por más beneficios que estos impuestos generen.

Y claro, tener mejor salud está directamente correlacionado con tener otras condiciones materiales como empleo, alimentación, agua potable, vivienda, etc. ¿Deberemos entonces hacer que estas otras condiciones sean también derechos? Andrés cree que sí, por lo menos para las dos primeras. Fíjese, sin embargo, que eso nos llevaría al mismo problema anterior y multiplicaríamos las restricciones a nuestra libertad. Habría que cobrar más impuestos (siempre con amenaza de cárcel) para financiar todas esas cosas. Otra vez, aunque el uso de esos impuestos genere beneficios estos no dejan de ser una imposición que restringe la libertad.

En el fondo, Andrés desea lo mismo que deseamos todos: que la gente tenga mejores servicios de salud, trabajo, buena alimentación, vivienda, etc. Hasta ahí coincidimos. En lo que no estamos de acuerdo es en los medios para lograrlo. Obligar a unos a ayudar a que otros tengan acceso a todo lo mencionado arriba a través de impuestos no solamente es ineficiente (la evidencia empírica es inobjetable) sino que también es inmoral porque restringe nuestra libertad y el libre uso de nuestros recursos. Ayudar (o ser solidario) debe ser, naturalmente, algo voluntario y no impositivo.

Andrés termina argumentando que hacer de la salud un derecho es justificado porque la salud es la base de la felicidad. Esto, me temo, es aún más demagógico. Hagamos el siguiente ejercicio. Imagine que aparece una nueva tecnología que puede acabar con todo riesgo de enfermedad de aquí hasta que uno se muera. Si usted la adopta, no tendrá ni siquiera una simple gripe hasta el final de sus días. ¿Cuál es el problema? Cuesta tanto que tiene que usar todos sus ahorros y vender todo lo que tiene para pagarla. Además tiene que visitar una clínica por dos horas cada día donde se lo someterá a permanentes controles. Olvídese además de fumar, tomarse una cerveza y la parrillada de los domingos. Tampoco podrá seguir haciendo su deporte favorito por temor a las lesiones. Eso sí, vivirá completamente sano. ¿Qué opina? ¿Será usted feliz?

Lo que Andrés y muchos políticos ignoran es que todos somos distintos y tenemos preferencias distintas. Habrán los que valoran la salud tanto que comprarán la nueva tecnología de mi ejemplo pero habremos otros que preferimos algo menos de salud a cambio de otros placeres. También los habrán aquellos que sacrificarán aún más su salud a cambio de vivir como un Rolling Stones. En suma, no existe un elixir único de la felicidad. La salud es un bien más como muchos otros que proveen pedacitos de felicidad para quien la valore. La felicidad, en suma, es subjetiva. No se puede entonces justificar un derecho/imposición por un bien y no por otro. Hacerlo es simplemente dictatorial porque impone una preferencia sobre las preferencias de los demás. Y ahí sí que Andrés y yo, y la mayoría del país, estamos de acuerdo: no queremos dictadores.