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Los chanchitos y el lobo

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La Asociación Departamental de Porcinocultores de Santa Cruz (Adepor) y la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) están reclamándole airadamente al gobierno la decisión de importar carne de cerdo del Perú. Según estas organizaciones, no existe una razón valedera para esta decisión ya que el mercado nacional estaría perfectamente cubierto por la carne de cerdo doméstica (¡incluso argumentan que habría un excedente de 4.000 toneladas!). De acuerdo a una nota de El Deber (9/9/17), el presidente de Adepor resumió su queja contra el gobierno afirmando que “se llenan la boca diciendo que seamos soberanos en la producción y que evitan el ingreso de productos de otros países pero, al contrario, fomentan la importación.”

Esta noticia es una locura por doble mérito. Primero, ¿cómo hace el gobierno para firmar un acuerdo con el Perú para importar carne de cerdo? ¿No debería ser esta una decisión de comerciantes o consumidores privados? Veamos esto con calma. Por supuesto que los gobiernos pueden (y deben) promover el libre comercio internacional firmando tratados que reduzcan las tarifas y/o las barreras no arancelarias. La teoría económica y la evidencia empírica muestran sin lugar a dudas que el libre comercio siempre mejora el bienestar de la economía en su conjunto. Pero lo que un gobierno no puede hacer es comprometerse a importar un producto específico. ¿Cómo sabe el gobierno si los comerciantes o consumidores finales quieren comprar carne de cerdo peruana? Y si no fuera así, ¿la comprará el propio gobierno (con nuestra plata) para honrar su compromiso? ¿Y qué hará el gobierno con tanto chancho? ¿Será que en el menú del Palacio Quemado solo se podrá encontrar chicharrón y fricasé? Lo más probable es que sean empresas públicas las que importen la carne de cerdo peruana (otra vez, con nuestra plata) para después venderla a comerciantes o consumidores finales. Pero entonces ¿por qué no dejar que sean los propios comerciantes quienes decidan si quieren importar el producto? Después de todo, ellos sabrán mucho mejor que el gobierno cuánto se necesita importar, a qué precio se puede vender el producto en Bolivia y si se puede generar ganancias con el negocio. En otras palabras, sólo los agentes privados en contacto diario con el mercado pueden saber si la importación de carne de cerdo del Perú es un negocio rentable o no. En suma, esta decisión (como casi todas) sería mucho más eficiente si la tomaran los agentes privados y no el gobierno. Pero parece que no hay modo, el gobierno se sigue mandando chanchadas.

Segundo, el reclamo de la Adepor y la CAO es injustificado y resulta una queja lastimera sin mayor fundamento. Lo que estas organizaciones piden en resumidas cuentas es que el gobierno cierre las fronteras para no tener que competir con la carne de cerdo peruana. ¡Mire qué lindo! ¡Bajo ese argumento el Barcelona debería despedir a Leo Messi porque los jugadores españoles no pueden competir con este jugador por la camiseta 10 azulgrana! Si la carne de cerdo peruana es mejor y más barata y el consumidor boliviano la prefiere, ¿por qué el gobierno le debería hacer caso a la Adepor y la CAO y cerrar las fronteras para este producto? Y si la carne de cerdo peruana no es mejor (como argumentan estas organizaciones) entonces ¿cuál es el miedo? La gente terminará prefiriendo la carne de cerdo boliviana. Como vé, el argumento de la Adepor y la CAO tampoco tiene sentido. Es el típico discurso patético e interesado de la soberanía alimentaria y la protección de la industria nacional: “no permitan importaciones porque así la industria nacional no tiene que competir y puede sobrevivir.” Lo que ese discurso no dice es que esta sobrevivencia se sostiene gracias a que, dado que no hay competencia, los consumidores finales tienen que pagar mayores precios y tienen menos opciones. Pero así no se protege nada. A largo plazo lo único que se gana es una industria nacional fofa, ineficiente y con pies de barro. Además, por supuesto, se incentiva a comerciantes y consumidores finales a buscar opciones no legales para adquirir los productos que le son negados (i.e. contrabando).

Lo que la Adepor y la CAO deberían pedir todos los días y a voz en cuello son reglas de juego claras y consistentes, instituciones sólidas, tipo de cambio flexible, justicia imparcial, menos impuestos y la remoción de precios máximos y cupos de exportación. Todo eso es legítimo y algo por lo que vale la pena luchar. Pero por favor no pidan cerrar las fronteras y sobrevivir – como el lobo del cuento – a costa de consumidores finales atrapados y sin alternativas.

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La tibieza intelectual de Samuel

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Pagina Siete acaba de publicar una entrevista con Samuel Doria Medina (8/20/2017) que refleja muy bien porque la viabilidad política de este líder de oposición es incierta. Cuando el país pide a gritos por líderes de oposición serios y valientes que pongan los puntos sobre las íes y estén dispuestos a proponer un nuevo país post MAS, Samuel no es capaz de marcar una distancia entre sus ideas y las de cualquier ideólogo Masista. No sé si es una decepción a estas alturas pero si una muestra evidente de las limitadas opciones políticas que tiene Bolivia.

En una triste muestra de tibieza intelectual Samuel responde “no, no” cuando se le pregunta si estaría a favor de un ajuste o recorte de gasto fiscal. En cambio, propone “racionalidad” que según el consiste en recortar ciertos gastos (canchas de fútbol) y aumentar otros (salud). Y ahí Samuel pierde una oportunidad de oro para mostrar que la oposición tiene ideas distintas y, además, pantalones. Primero, la oposición tiene que ser clara y contundente: sí se tiene que recortar el gasto fiscal! El 2017 llegaremos a un deficit fiscal de casi 7% del PIB y sera el cuarto año consecutivo con números rojos. Y este no es un bache temporal. Los ingresos por exportaciones de gas seguirán cayendo y el gobierno simplemente no puede seguir gastando lo mismo que al principio del ciclo expansivo. Samuel lo sabe. Pero claro, el cálculo político manda y Samuel cede al discurso populista. Después de todo, la regla de oro del político populista es nunca admitir que hay que ajustarse los pantalones.

En segundo lugar, me pregunto ¿cuándo aparecerá en Bolivia un político que por fin deje de creerse el papá de la familia y pretenda decidir por todos (y con nuestra plata) si la salud es más importante que el deporte, o si la educación es más importante que las carreteras o si la vivienda es más importante que la nutrición, etc.? Samuel pude discutir indefinidamente con el MAS si las canchas de fútbol son mejores o peores que el gasto en salud. Ese no es el problema de fondo. El problema de fondo es generar una institucionalidad que le permita al individuo decidir qué es mejor para el/ella y no dejar que el estado siga decidiendo por nosotros. En dos palabras, el problema de fondo es la recuperación de la libertad individual. Y para esto hay que achicar el estado. Y aquí Samuel se vuelve a equivocar. La última pregunta de la entrevista es precisamente esa “¿Usted achicaría el estado?” Y nuevamente Samuel le hace el quite a la inyección. No dice ni sí ni no. Así nunca ganará una elección. Ya está de buen tamaño, ¿no le parece? Bolivia necesita alguien que responda, “sí, el estado debe achicarse considerablemente para dejar el rol central en la iniciativa privada.” ¿Tanto cuesta decirle al pan pan y al vino vino?

Public Education

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Somebody I care much about recently sent me this image. The quote is by John Green, a young author of several books. As much as I care about the person who sent the image to me (and I care a lot), I have to say that this quote is a great example of how statements that appeal to the most basic of our emotions and seem irresistibly right at first sight, are often plagued by fallacies, tend to be fundamentally wrong and could even be dangerous…

  1. The first fallacy is almost too obvious. Can we really say that people with no education are stupid? Mr. Green needs to exercise a bit of prudence here. There are, of course, millions of examples of people who had little or no education but were brilliant, honest and productive…and made history and built entire nations…(Did you know that Benjamin Franklin did not have any formal education?)
  2. But more importantly, Mr. Green builds his case for public education (i.e. government education) by using the perennial argument of the positive externality – but completely forgetting the negative externality associated with it! Let me explain. Let’s assume that people who receive government education are better citizens because of it. They communicate better, understand other people better, drive better, are more productive, etc. Arguably then, people who interact with these educated individuals receive a benefit even if they themselves did not get educated, i.e. they receive a positive externality. One could even make the case that the positive externality has ripple positive effects all over the economy (society). While all of that could be true, we can never forget that providing government education (and producing the positive externality) is not free. The government must tax people to pay for it. And this imposition (taxes are not voluntary) generate a symmetric negative externality. The money paid in taxes could have been used for other (perhaps equally or even more important) activities and everybody who those activities would have benefited would never receive those benefits. Is the positive externality bigger than the negative one? Hard to say. The way government education has been decaying in quality in this country, however, I would bet the answer is no.
  3. And even more importantly, Mr. Green says that he “likes to pay taxes for schools” but, in his defense of government education, he seems to be fine denying the same pleasure to others. That is, the pleasure of doing what one likes or considers right and not what others like or consider one should do. If Mr. Green likes to donate money for government education he should be entitled to do it (we will even applaud him and buy more of his books) but if somebody else doesn’t, then he or she should not be forced to do it. That is, unfortunately, what taxes do. They force people to pay for what somebody considers the “right” thing to do.
  4. Lastly, to say that government education exists for the benefit of “the social order” is just an inch short of the North Korean utopia. What is the “social order”? Is it one in which we have government education because some people believe that the positive externality is bigger than the negative one? What about the basic human rights and opinion of those who believe the opposite? Even if you believe with all your heart (as Mr. Green seems to do) that government education produces a large positive externality, does that give you the right to impose that “social order” to others? And that is when this type of quotes become dictatorially dangerous.

What is Economic Freedom?

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The conversation at Mercer University for this new academic year will be centered on economic freedom. This is part of what the university calls the “grand challenge,” a central theme around which the university schedules seminars, conferences, movies, etc, to generate important conversation among students, faculty and staff.

The first thing, of course, is to define economic freedom. Here is where I come in:

Economic freedom is the fundamental right of every person to control his or her own actions and property so long as he or she does not infringe on the economic freedom of others.

It is, as you can see, a simple idea but it has powerful implications. Economic freedom essentially has to do with being able to exercise personal choice over what is yours (your own body/labor and property). In economically free societies, individuals are free to work, produce, consume and invest in any way they please. In economically free societies governments allow labor, capital and goods to move freely, and refrain from coercion or constraint of liberty beyond the extent necessary to protect and maintain liberty itself.

And why does economic freedom matter?

It matters first from a moral perspective. Freedom to control what is yours is essential to your pursuit of happiness. It also matters from a utilitarian perspective. It has been largely shown (there are hundreds of papers) that countries in which economic freedom is protected grow faster and reach higher levels of living standards and economic development. Just to mention some comparing cases: the US favored economic freedom, the Soviet Union didn’t; Colombia favored economic freedom, Venezuela didn’t; Chile favored economic freedom, Bolivia didn’t.

What are examples of policies that restrict economic freedom?

Communist and/or socialist regimes have, of course, provided multiple and obvious examples of restrictions to economic freedom. But one can see some of these cases also in democratic countries in the west. Here are some policies that can significantly restrict economic freedom: increasing tax rates, minimum wages, tariffs (which are taxes on foreign goods) and protectionism, buy local or national product campaigns, increasing the provision of public goods (which means increasing the tax burden), bureaucracy, red tape, etc. All of these policies will restrict economic freedom at different levels.

Why is it timely to talk about economic freedom?

Because it is an election year in the US and we have heard some very interesting (scary) proposals from both parties. For example: free college (which obviously means that more taxes are going to be collected to pay for college), a wall between the US and Mexico (which will restrict the free movement of goods and labor), increasing tariffs for Chinese goods and other imports (which will also restrict the free movement of goods and services), etc. By the way, the US used to be among the leading countries in indices of economic freedom. However, the US’ index has been falling over the last few years and now it is only in the top 20.

Can restricted economic freedom be justifiable in some cases?

The typical example is poverty alleviation. While some may recognize that increasing taxes affects economic freedom, they may still argue that if those taxes are used to alleviate poverty, then perhaps lower levels of economic freedom are not such a bad thing. Well, it turns out that they are (again, multiple papers have looked into this). First, is it moral to oblige people to alleviate poverty? After all, taxes are mandatory and, therefore, cannot be considered a “voluntary contribution” to alleviate poverty. But is it moral to forcefully collect money from somebody to give it to somebody else? Second, what are the unintended consequences of collecting taxes to alleviate poverty? Well, companies and individuals may decide that they don’t want to play by those rules and move to other countries where taxes are lower. This will mean that the capacity of the economy for creating goods and services as well as jobs will decrease, and consequently poverty will increase, in the future. The best policy to sustainably alleviate poverty is economic freedom.