Author: evonomics

I am a professor of economics at Mercer University.

Decretos que no ayudarán ni a niños ni a padres

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El pasado jueves 18 de enero, el Presidente Evo Morales presentó una serie de decretos destinados a proteger a los niños en estado de salud crítico y a sus familias. El primero de estos decretos establece un régimen especial de licencias para los padres o tutores de niños que presenten enfermedades graves o terminales. De acuerdo a este decreto, los empleadores estarán obligados a otorgar a estos trabajadores permisos con goce total de haberes desde 2 a 30 días según la enfermedad del niño. Además, a estos padres o tutores se les deberá garantizar la “inamovilidad funcionaria,” es decir, no podrán ser despedidos.

Aunque comparto, por supuesto, las buenas intenciones de los legisladores, me temo que estos decretos terminarán engrosando la ya larga colección de normas que generan resultados exactamente opuestos a los que se buscan. Me explico.

Todo agente económico responde a incentivos. El error garrafal de estas normas es ignorar esta realidad. En el caso de estos decretos, el incentivo obvio de los empleadores será buscar formas de no contratar a personas que tengan hijos en estado de salud crítico. Un trabajador que tenga hijos en estado de salud crítico podrá exigir más permisos y además no podrá ser despedido. Para la empresa, por lo tanto, el costo esperado de este trabajador puede llegar a ser mucho más alto que el de una persona soltera, sin hijos o con hijos sin estos problemas médicos. Dado que una vez contratado, estos decretos protegen al trabajador, los empleadores tendrán incentivos a no contratarlo en primer lugar. Así lo único que se logrará con estos decretos es que a los padres o tutores de niños en estado de salud crítico les sea más difícil conseguir trabajo.

Se dirá que los trabajadores no tienen porque declarar aspectos de su vida personal como la salud de sus hijos al momento de postularse a un puesto de trabajo. Aunque eso es cierto, en la práctica existen muchas formas de extraer esa información. Los empleadores pueden, por ejemplo, crear formularios con preguntas de respuesta opcional al momento de la postulación. Si los postulantes deciden no responder a estas preguntas por temor a revelar algún problema médico en su familia, la no respuesta enviará una señal importante al empleador. Las empresas también pueden crear posiciones temporales o de prueba para establecer si el trabajador tiende a pedir muchos permisos por problemas médicos en su familia antes de ofrecerle un puesto permanente.

Aunque el gobierno se jacta de que la tasa de desempleo en Bolivia es muy baja (alrededor del 4%), todos sabemos que la gran mayoría de estos empleos están en el sector informal (que consiste en alrededor del 65% de la economía). Conseguir un trabajo en el sector formal es, por lo tanto, mucho más difícil de lo que esa baja tasa de desempleo sugeriría. Además, las empresas en el sector formal ya tienen que cumplir con una serie de normas que hacen que producir y contratar sea bastante caro: doble aguinaldo, salario mínimo, presión de sindicatos, permisos de exportación, interminable papeleo, burocracia, corrupción, marchas, bloqueos, etc. ¿Para que echar leña al fuego entonces haciendo que la contratación en el sector formal sea aún más cara y difícil? Sobre todo con el perjuicio que esto supone para padres o tutores que enfrentan situaciones tan complicadas en sus familias.

Repito: la intención es loable. Todos queremos que los niños en estado de salud crítico y sus familias tengan la mayor atención posible. El problema es que estos decretos ignoran los incentivos de los agentes económicos involucrados. Al hacer que el costo esperado de contratar a padres o tutores que tienen estos niños sea más alto, las empresas tratarán de no contratarlos. Sumados a las otras normas y barreras ya mencionadas, estos decretos continúan haciendo la contratación más difícil y empujando a que las empresas disuelvan su condición formal y engrosen el sector informal como lo hacen muchas todos los años. El trabajador entonces se quedará sin trabajo o conseguirá un trabajo en el sector informal donde no solamente estos decretos no aplican sino tampoco ningún otro beneficio.

La mejor forma de ayudar a estos niños, a sus padres y al trabajador en general, es reduciendo las imposiciones a las empresas, reduciendo la burocracia y maximizando la libre contratación. Solo así más empresas tendrán incentivos a quedarse o ingresar al sector formal y se generará más demanda por trabajadores lo cuál subirá natural y sostenidamente sus salarios y beneficios.

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¿Debe ser la salud un derecho?

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Sigo regularmente la columna de Andrés Gómez en Página Siete. Un excelente periodista que escribe cada semana análisis bastante acertados y valientes. En los últimos años su columna ha desarrollado una crítica punzante no solo contra el actual régimen sino también contra la filosofía demagógica y populista que representa. Algo que, por supuesto, aplaudo con entusiasmo. Pero a veces al mejor cazador se le va la liebre. Y me temo que a Andrés la liebre se le fue por un largo margen en su artículo “La salud como derecho a la vida” del pasado domingo 7 de enero.

En ese artículo Andrés planteaba lo siguiente:

  1. La salud debe ser un derecho garantizado por el estado.
  2. Este derecho no puede ser garantizado, sin embargo, si las personas no tienen las condiciones materiales que permitan una vida saludable como el empleo y la alimentación. En consecuencia, estas dos condiciones materiales deben también ser un derecho.
  3. Andrés justifica lo anterior afirmando que la salud es la base de la felicidad.

Lo paradójico es que estos argumentos son tan o más populistas que las políticas impulsadas por el régimen que Andrés critica con tanto acierto. Veamos.

¿Que significa que la salud sea un derecho? Significa esencialmente que por el hecho de existir toda persona puede exigir, amparada en la ley, que se le otorguen servicios de salud. Es decir, campañas de prevención, acceso a hospitales, doctores, medicinas, etc. ¿Y a quién se le exigiría todo esto? Al gobierno, por supuesto. Pero, ¿como hace el gobierno para financiar todos estos servicios? Cobrando impuestos. Es decir, cuando decimos que la salud es un derecho, en el fondo estamos diciendo que es legítimo obligar a unos (a través de impuestos) a proveer estos servicios para otros. Así de simple: la otra cara del derecho es la imposición. La demagogia populista trata de disfrazar esta realidad llamándola “sociedad solidaria” pero de solidaria no tiene nada. Por definición la solidaridad es voluntaria. Los impuestos son en cambio una obligación respaldada con violencia: si no paga lo meten a la cárcel. Que la salud sea un derecho es entonces una imposición violenta que restringe nuestra libertad al forzarnos a pagar impuestos, por más beneficios que estos impuestos generen.

Y claro, tener mejor salud está directamente correlacionado con tener otras condiciones materiales como empleo, alimentación, agua potable, vivienda, etc. ¿Deberemos entonces hacer que estas otras condiciones sean también derechos? Andrés cree que sí, por lo menos para las dos primeras. Fíjese, sin embargo, que eso nos llevaría al mismo problema anterior y multiplicaríamos las restricciones a nuestra libertad. Habría que cobrar más impuestos (siempre con amenaza de cárcel) para financiar todas esas cosas. Otra vez, aunque el uso de esos impuestos genere beneficios estos no dejan de ser una imposición que restringe la libertad.

En el fondo, Andrés desea lo mismo que deseamos todos: que la gente tenga mejores servicios de salud, trabajo, buena alimentación, vivienda, etc. Hasta ahí coincidimos. En lo que no estamos de acuerdo es en los medios para lograrlo. Obligar a unos a ayudar a que otros tengan acceso a todo lo mencionado arriba a través de impuestos no solamente es ineficiente (la evidencia empírica es inobjetable) sino que también es inmoral porque restringe nuestra libertad y el libre uso de nuestros recursos. Ayudar (o ser solidario) debe ser, naturalmente, algo voluntario y no impositivo.

Andrés termina argumentando que hacer de la salud un derecho es justificado porque la salud es la base de la felicidad. Esto, me temo, es aún más demagógico. Hagamos el siguiente ejercicio. Imagine que aparece una nueva tecnología que puede acabar con todo riesgo de enfermedad de aquí hasta que uno se muera. Si usted la adopta, no tendrá ni siquiera una simple gripe hasta el final de sus días. ¿Cuál es el problema? Cuesta tanto que tiene que usar todos sus ahorros y vender todo lo que tiene para pagarla. Además tiene que visitar una clínica por dos horas cada día donde se lo someterá a permanentes controles. Olvídese además de fumar, tomarse una cerveza y la parrillada de los domingos. Tampoco podrá seguir haciendo su deporte favorito por temor a las lesiones. Eso sí, vivirá completamente sano. ¿Qué opina? ¿Será usted feliz?

Lo que Andrés y muchos políticos ignoran es que todos somos distintos y tenemos preferencias distintas. Habrán los que valoran la salud tanto que comprarán la nueva tecnología de mi ejemplo pero habremos otros que preferimos algo menos de salud a cambio de otros placeres. También los habrán aquellos que sacrificarán aún más su salud a cambio de vivir como un Rolling Stones. En suma, no existe un elixir único de la felicidad. La salud es un bien más como muchos otros que proveen pedacitos de felicidad para quien la valore. La felicidad, en suma, es subjetiva. No se puede entonces justificar un derecho/imposición por un bien y no por otro. Hacerlo es simplemente dictatorial porque impone una preferencia sobre las preferencias de los demás. Y ahí sí que Andrés y yo, y la mayoría del país, estamos de acuerdo: no queremos dictadores.

Los chanchitos y el lobo

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La Asociación Departamental de Porcinocultores de Santa Cruz (Adepor) y la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) están reclamándole airadamente al gobierno la decisión de importar carne de cerdo del Perú. Según estas organizaciones, no existe una razón valedera para esta decisión ya que el mercado nacional estaría perfectamente cubierto por la carne de cerdo doméstica (¡incluso argumentan que habría un excedente de 4.000 toneladas!). De acuerdo a una nota de El Deber (9/9/17), el presidente de Adepor resumió su queja contra el gobierno afirmando que “se llenan la boca diciendo que seamos soberanos en la producción y que evitan el ingreso de productos de otros países pero, al contrario, fomentan la importación.”

Esta noticia es una locura por doble mérito. Primero, ¿cómo hace el gobierno para firmar un acuerdo con el Perú para importar carne de cerdo? ¿No debería ser esta una decisión de comerciantes o consumidores privados? Veamos esto con calma. Por supuesto que los gobiernos pueden (y deben) promover el libre comercio internacional firmando tratados que reduzcan las tarifas y/o las barreras no arancelarias. La teoría económica y la evidencia empírica muestran sin lugar a dudas que el libre comercio siempre mejora el bienestar de la economía en su conjunto. Pero lo que un gobierno no puede hacer es comprometerse a importar un producto específico. ¿Cómo sabe el gobierno si los comerciantes o consumidores finales quieren comprar carne de cerdo peruana? Y si no fuera así, ¿la comprará el propio gobierno (con nuestra plata) para honrar su compromiso? ¿Y qué hará el gobierno con tanto chancho? ¿Será que en el menú del Palacio Quemado solo se podrá encontrar chicharrón y fricasé? Lo más probable es que sean empresas públicas las que importen la carne de cerdo peruana (otra vez, con nuestra plata) para después venderla a comerciantes o consumidores finales. Pero entonces ¿por qué no dejar que sean los propios comerciantes quienes decidan si quieren importar el producto? Después de todo, ellos sabrán mucho mejor que el gobierno cuánto se necesita importar, a qué precio se puede vender el producto en Bolivia y si se puede generar ganancias con el negocio. En otras palabras, sólo los agentes privados en contacto diario con el mercado pueden saber si la importación de carne de cerdo del Perú es un negocio rentable o no. En suma, esta decisión (como casi todas) sería mucho más eficiente si la tomaran los agentes privados y no el gobierno. Pero parece que no hay modo, el gobierno se sigue mandando chanchadas.

Segundo, el reclamo de la Adepor y la CAO es injustificado y resulta una queja lastimera sin mayor fundamento. Lo que estas organizaciones piden en resumidas cuentas es que el gobierno cierre las fronteras para no tener que competir con la carne de cerdo peruana. ¡Mire qué lindo! ¡Bajo ese argumento el Barcelona debería despedir a Leo Messi porque los jugadores españoles no pueden competir con este jugador por la camiseta 10 azulgrana! Si la carne de cerdo peruana es mejor y más barata y el consumidor boliviano la prefiere, ¿por qué el gobierno le debería hacer caso a la Adepor y la CAO y cerrar las fronteras para este producto? Y si la carne de cerdo peruana no es mejor (como argumentan estas organizaciones) entonces ¿cuál es el miedo? La gente terminará prefiriendo la carne de cerdo boliviana. Como vé, el argumento de la Adepor y la CAO tampoco tiene sentido. Es el típico discurso patético e interesado de la soberanía alimentaria y la protección de la industria nacional: “no permitan importaciones porque así la industria nacional no tiene que competir y puede sobrevivir.” Lo que ese discurso no dice es que esta sobrevivencia se sostiene gracias a que, dado que no hay competencia, los consumidores finales tienen que pagar mayores precios y tienen menos opciones. Pero así no se protege nada. A largo plazo lo único que se gana es una industria nacional fofa, ineficiente y con pies de barro. Además, por supuesto, se incentiva a comerciantes y consumidores finales a buscar opciones no legales para adquirir los productos que le son negados (i.e. contrabando).

Lo que la Adepor y la CAO deberían pedir todos los días y a voz en cuello son reglas de juego claras y consistentes, instituciones sólidas, tipo de cambio flexible, justicia imparcial, menos impuestos y la remoción de precios máximos y cupos de exportación. Todo eso es legítimo y algo por lo que vale la pena luchar. Pero por favor no pidan cerrar las fronteras y sobrevivir – como el lobo del cuento – a costa de consumidores finales atrapados y sin alternativas.

La tibieza intelectual de Samuel

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Pagina Siete acaba de publicar una entrevista con Samuel Doria Medina (8/20/2017) que refleja muy bien porque la viabilidad política de este líder de oposición es incierta. Cuando el país pide a gritos por líderes de oposición serios y valientes que pongan los puntos sobre las íes y estén dispuestos a proponer un nuevo país post MAS, Samuel no es capaz de marcar una distancia entre sus ideas y las de cualquier ideólogo Masista. No sé si es una decepción a estas alturas pero si una muestra evidente de las limitadas opciones políticas que tiene Bolivia.

En una triste muestra de tibieza intelectual Samuel responde “no, no” cuando se le pregunta si estaría a favor de un ajuste o recorte de gasto fiscal. En cambio, propone “racionalidad” que según el consiste en recortar ciertos gastos (canchas de fútbol) y aumentar otros (salud). Y ahí Samuel pierde una oportunidad de oro para mostrar que la oposición tiene ideas distintas y, además, pantalones. Primero, la oposición tiene que ser clara y contundente: sí se tiene que recortar el gasto fiscal! El 2017 llegaremos a un deficit fiscal de casi 7% del PIB y sera el cuarto año consecutivo con números rojos. Y este no es un bache temporal. Los ingresos por exportaciones de gas seguirán cayendo y el gobierno simplemente no puede seguir gastando lo mismo que al principio del ciclo expansivo. Samuel lo sabe. Pero claro, el cálculo político manda y Samuel cede al discurso populista. Después de todo, la regla de oro del político populista es nunca admitir que hay que ajustarse los pantalones.

En segundo lugar, me pregunto ¿cuándo aparecerá en Bolivia un político que por fin deje de creerse el papá de la familia y pretenda decidir por todos (y con nuestra plata) si la salud es más importante que el deporte, o si la educación es más importante que las carreteras o si la vivienda es más importante que la nutrición, etc.? Samuel pude discutir indefinidamente con el MAS si las canchas de fútbol son mejores o peores que el gasto en salud. Ese no es el problema de fondo. El problema de fondo es generar una institucionalidad que le permita al individuo decidir qué es mejor para el/ella y no dejar que el estado siga decidiendo por nosotros. En dos palabras, el problema de fondo es la recuperación de la libertad individual. Y para esto hay que achicar el estado. Y aquí Samuel se vuelve a equivocar. La última pregunta de la entrevista es precisamente esa “¿Usted achicaría el estado?” Y nuevamente Samuel le hace el quite a la inyección. No dice ni sí ni no. Así nunca ganará una elección. Ya está de buen tamaño, ¿no le parece? Bolivia necesita alguien que responda, “sí, el estado debe achicarse considerablemente para dejar el rol central en la iniciativa privada.” ¿Tanto cuesta decirle al pan pan y al vino vino?