Decretos que no ayudarán ni a niños ni a padres

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El pasado jueves 18 de enero, el Presidente Evo Morales presentó una serie de decretos destinados a proteger a los niños en estado de salud crítico y a sus familias. El primero de estos decretos establece un régimen especial de licencias para los padres o tutores de niños que presenten enfermedades graves o terminales. De acuerdo a este decreto, los empleadores estarán obligados a otorgar a estos trabajadores permisos con goce total de haberes desde 2 a 30 días según la enfermedad del niño. Además, a estos padres o tutores se les deberá garantizar la “inamovilidad funcionaria,” es decir, no podrán ser despedidos.

Aunque comparto, por supuesto, las buenas intenciones de los legisladores, me temo que estos decretos terminarán engrosando la ya larga colección de normas que generan resultados exactamente opuestos a los que se buscan. Me explico.

Todo agente económico responde a incentivos. El error garrafal de estas normas es ignorar esta realidad. En el caso de estos decretos, el incentivo obvio de los empleadores será buscar formas de no contratar a personas que tengan hijos en estado de salud crítico. Un trabajador que tenga hijos en estado de salud crítico podrá exigir más permisos y además no podrá ser despedido. Para la empresa, por lo tanto, el costo esperado de este trabajador puede llegar a ser mucho más alto que el de una persona soltera, sin hijos o con hijos sin estos problemas médicos. Dado que una vez contratado, estos decretos protegen al trabajador, los empleadores tendrán incentivos a no contratarlo en primer lugar. Así lo único que se logrará con estos decretos es que a los padres o tutores de niños en estado de salud crítico les sea más difícil conseguir trabajo.

Se dirá que los trabajadores no tienen porque declarar aspectos de su vida personal como la salud de sus hijos al momento de postularse a un puesto de trabajo. Aunque eso es cierto, en la práctica existen muchas formas de extraer esa información. Los empleadores pueden, por ejemplo, crear formularios con preguntas de respuesta opcional al momento de la postulación. Si los postulantes deciden no responder a estas preguntas por temor a revelar algún problema médico en su familia, la no respuesta enviará una señal importante al empleador. Las empresas también pueden crear posiciones temporales o de prueba para establecer si el trabajador tiende a pedir muchos permisos por problemas médicos en su familia antes de ofrecerle un puesto permanente.

Aunque el gobierno se jacta de que la tasa de desempleo en Bolivia es muy baja (alrededor del 4%), todos sabemos que la gran mayoría de estos empleos están en el sector informal (que consiste en alrededor del 65% de la economía). Conseguir un trabajo en el sector formal es, por lo tanto, mucho más difícil de lo que esa baja tasa de desempleo sugeriría. Además, las empresas en el sector formal ya tienen que cumplir con una serie de normas que hacen que producir y contratar sea bastante caro: doble aguinaldo, salario mínimo, presión de sindicatos, permisos de exportación, interminable papeleo, burocracia, corrupción, marchas, bloqueos, etc. ¿Para que echar leña al fuego entonces haciendo que la contratación en el sector formal sea aún más cara y difícil? Sobre todo con el perjuicio que esto supone para padres o tutores que enfrentan situaciones tan complicadas en sus familias.

Repito: la intención es loable. Todos queremos que los niños en estado de salud crítico y sus familias tengan la mayor atención posible. El problema es que estos decretos ignoran los incentivos de los agentes económicos involucrados. Al hacer que el costo esperado de contratar a padres o tutores que tienen estos niños sea más alto, las empresas tratarán de no contratarlos. Sumados a las otras normas y barreras ya mencionadas, estos decretos continúan haciendo la contratación más difícil y empujando a que las empresas disuelvan su condición formal y engrosen el sector informal como lo hacen muchas todos los años. El trabajador entonces se quedará sin trabajo o conseguirá un trabajo en el sector informal donde no solamente estos decretos no aplican sino tampoco ningún otro beneficio.

La mejor forma de ayudar a estos niños, a sus padres y al trabajador en general, es reduciendo las imposiciones a las empresas, reduciendo la burocracia y maximizando la libre contratación. Solo así más empresas tendrán incentivos a quedarse o ingresar al sector formal y se generará más demanda por trabajadores lo cuál subirá natural y sostenidamente sus salarios y beneficios.

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