Los chanchitos y el lobo

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La Asociación Departamental de Porcinocultores de Santa Cruz (Adepor) y la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) están reclamándole airadamente al gobierno la decisión de importar carne de cerdo del Perú. Según estas organizaciones, no existe una razón valedera para esta decisión ya que el mercado nacional estaría perfectamente cubierto por la carne de cerdo doméstica (¡incluso argumentan que habría un excedente de 4.000 toneladas!). De acuerdo a una nota de El Deber (9/9/17), el presidente de Adepor resumió su queja contra el gobierno afirmando que “se llenan la boca diciendo que seamos soberanos en la producción y que evitan el ingreso de productos de otros países pero, al contrario, fomentan la importación.”

Esta noticia es una locura por doble mérito. Primero, ¿cómo hace el gobierno para firmar un acuerdo con el Perú para importar carne de cerdo? ¿No debería ser esta una decisión de comerciantes o consumidores privados? Veamos esto con calma. Por supuesto que los gobiernos pueden (y deben) promover el libre comercio internacional firmando tratados que reduzcan las tarifas y/o las barreras no arancelarias. La teoría económica y la evidencia empírica muestran sin lugar a dudas que el libre comercio siempre mejora el bienestar de la economía en su conjunto. Pero lo que un gobierno no puede hacer es comprometerse a importar un producto específico. ¿Cómo sabe el gobierno si los comerciantes o consumidores finales quieren comprar carne de cerdo peruana? Y si no fuera así, ¿la comprará el propio gobierno (con nuestra plata) para honrar su compromiso? ¿Y qué hará el gobierno con tanto chancho? ¿Será que en el menú del Palacio Quemado solo se podrá encontrar chicharrón y fricasé? Lo más probable es que sean empresas públicas las que importen la carne de cerdo peruana (otra vez, con nuestra plata) para después venderla a comerciantes o consumidores finales. Pero entonces ¿por qué no dejar que sean los propios comerciantes quienes decidan si quieren importar el producto? Después de todo, ellos sabrán mucho mejor que el gobierno cuánto se necesita importar, a qué precio se puede vender el producto en Bolivia y si se puede generar ganancias con el negocio. En otras palabras, sólo los agentes privados en contacto diario con el mercado pueden saber si la importación de carne de cerdo del Perú es un negocio rentable o no. En suma, esta decisión (como casi todas) sería mucho más eficiente si la tomaran los agentes privados y no el gobierno. Pero parece que no hay modo, el gobierno se sigue mandando chanchadas.

Segundo, el reclamo de la Adepor y la CAO es injustificado y resulta una queja lastimera sin mayor fundamento. Lo que estas organizaciones piden en resumidas cuentas es que el gobierno cierre las fronteras para no tener que competir con la carne de cerdo peruana. ¡Mire qué lindo! ¡Bajo ese argumento el Barcelona debería despedir a Leo Messi porque los jugadores españoles no pueden competir con este jugador por la camiseta 10 azulgrana! Si la carne de cerdo peruana es mejor y más barata y el consumidor boliviano la prefiere, ¿por qué el gobierno le debería hacer caso a la Adepor y la CAO y cerrar las fronteras para este producto? Y si la carne de cerdo peruana no es mejor (como argumentan estas organizaciones) entonces ¿cuál es el miedo? La gente terminará prefiriendo la carne de cerdo boliviana. Como vé, el argumento de la Adepor y la CAO tampoco tiene sentido. Es el típico discurso patético e interesado de la soberanía alimentaria y la protección de la industria nacional: “no permitan importaciones porque así la industria nacional no tiene que competir y puede sobrevivir.” Lo que ese discurso no dice es que esta sobrevivencia se sostiene gracias a que, dado que no hay competencia, los consumidores finales tienen que pagar mayores precios y tienen menos opciones. Pero así no se protege nada. A largo plazo lo único que se gana es una industria nacional fofa, ineficiente y con pies de barro. Además, por supuesto, se incentiva a comerciantes y consumidores finales a buscar opciones no legales para adquirir los productos que le son negados (i.e. contrabando).

Lo que la Adepor y la CAO deberían pedir todos los días y a voz en cuello son reglas de juego claras y consistentes, instituciones sólidas, tipo de cambio flexible, justicia imparcial, menos impuestos y la remoción de precios máximos y cupos de exportación. Todo eso es legítimo y algo por lo que vale la pena luchar. Pero por favor no pidan cerrar las fronteras y sobrevivir – como el lobo del cuento – a costa de consumidores finales atrapados y sin alternativas.

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