De acuerdo a La Razón, el presidente Evo Morales habría “denunciado” a la OMC que “los países más pobres serán los principales perdedores” de un eventual acuerdo en la ronda de comercio internacional de Doha. Los argumentos esgrimidos por el presidente Morales son los mismos argumentos proteccionistas de siempre: “los costos acumulados por pérdida de empleos (…) y pérdida de ingresos aduaneros serán mayores que los beneficios.”

Nada más falso y malintencionado. Si bien la apertura comercial estará asociada con menos empleo en las industrias en las cuales el país no tiene ventajas comparativas, también estará asociada con menores precios en las mismas. Dado que el país consumirá más de estos bienes, el beneficio (un excedente del consumidor más grande) será siempre mayor al costo (un excedente del productor más pequeño).

Pero el beneficio mayor del comercio internacional se dá en el largo plazo. Competir globalmente sincera las posibilidades productivas y guía la especialización en determinados bienes. Sin apertura un páis no podrá descubrir sus ventajas comparativas y seguirá produciendo bienes que pueden encontrarse más baratos afuera. La apertura, por tanto, permite la especialización adecuada y la eficiente asignación de recursos.

Perú ha venido entendiendo esta idea muy bien en los últimos años. Aparentemente la historia es otra en Evolandia.

En un post anterior argumentaba lo peligroso que puede resultar la inminente reforma del sistema de pensiones en Bolivia.  De acuerdo a reportes de prensa, dicha reforma pretende eliminar el mercado administrativo de los depósitos individuales y reemplazarlo por un monopolio estatal.

A medida que la noticia se amplía, surgen nuevos detalles. Hoy, La Razón reporta que el sistema será además “solidario” en el sentido de que los ahorristas que tuvieran un ingreso menor a Bs. 1,400, y por lo tanto no pudieran jubilarse al no alcanzar el monto exigido por ley, pasarían ahora al “fondo solidario” y podrían jubilarse con una pensión mayor a la que les correspondería en base a sus depósitos. El fondo solitario provendría de los empleadores. En pocas palabras, la reforma prevee una transferencia (obligatoria y automática) de personas de mayores ingresos a personas de menores ingresos.

Digamos primero que si lo reportado por el periódico es cierto, la actual ley de pensiones deja una interrogante importante: Dentro de un sistema de depositos individuales, por qué debería el gobierno decidir el monto mínimo ahorrado para la jubilación? No debieran ser los mismos ahorristas los que decidan que tamaño de pensión es la adecuada para cada uno? Es entonces “ilegal” el jubilarse o dejar de trabajar con pocos ahorros en el banco? Hay algo que no cuadra. Deberé leer la actual ley con calma.

Pero volviendo al fondo solitario de la reforma propuesta por el MAS. Esta claro que este instrumento jugará el rol de un Robin Hood rentista que le quite a los ricos para darle a los pobres. Una receta tan antigua como el mismo Robin Hood. Pero lo que muchas veces no vemos es que hacer más equitativa la vejez tiene tremendas implicaciones en la juventud. Nada es gratis. Existen incentivos que se distorsionan. Marginalmente, un ahorrista joven se podría preguntar: por qué trabajar más y ahorrar más si los que no lo hacen recibirán la plata del fondo solidario? Las empresas, a su vez, se podrían preguntar: por qué contratar mano de obra barata si tendré que hacer más “aportes” para su fondo solidario? Si además el monopolio público administrador de estas pensiones se torna ineficiente (como la gran mayoría de las  empresas públicas en la historia de Bolivia), el famoso fondo solidario tendrá que ser financiado con más impuestos que los pagan todos. En suma, la distribución de la riqueza a lo Robin Hood está siempre asociada a incentivos improductivos. Los Robin Hoods de izquierda son siempre muy buenos distribuyendo riqueza pero pésimos creandola.

Una fantástica descripción de lo “gratis” que resultan los servicios públicos: aquí.

El partido del presidente Evo Morales, el MAS, ha encontrado una interesante forma de captar adeptos y hacer campaña para el próximo referendum revocatorio. La ministra de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente (los títulos de ministerios se hacen cada vez más largos) ha empezado a organizar lo que ella llama “ferias del precio justo“: mercados agrícolas organizados en plazas en los que los precios son generalmente menores que en los mercados tradicionales. La idea es genial: las amas de casa no saben ni les interesa saber si los precios son “justos” o no. Sólo saben que son menores y por lo tanto compran en estas ferias y el MAS aprovecha de inscribir a nuevos militantes.

La idea será muy efectiva politicamente pero en el fondo es perversa y definitivamente “injusta.” Los precios en mercados competitivos (como los mercados agrícolas) no son justos o injustos sino simples termómetros que reflejan las condiciones de oferta y demanda. Está claro que los precios en los mercados tradicionales son más altos que en la plaza o la calle porque existen costos fijos de alquiler, impuestos, etc. No existe por tanto nada milagroso o “justo” en encontrar precios más bajos en la calle. (Es muy posible además que el ministerio esté cubriendo algunos costos de transporte a la ciudad).

Lo “injusto” está en aprovechar las prerrogativas de gobierno y establecer mercados callejeros absueltos de pagar impuestos…y además aprovechar su popularidad para ganar militantes… Cómo se sintiria el gobierno del MAS si los vendedores de ropa, autos, helados, hamburguesas, pizzas, y demás se establecieran en las calles y plazas y dejaran de pagar impuestos estableciendo “ferias del precio justo”?

Deberé en algun futuro post hablar de la ilusión populista del concepto de “justicia social.”

Leo en La Razón que el presidente Evo Morales enviará al congreso una ley que modificaría el actual sistema de pensiones en Bolivia. Una vez más, el objetivo parece ser que el gobierno sea el actor principal y se desmantele el mercado como mecanismo de asignación de recursos.

El manejo de pensiones es un tema delicado. La eficiencia y transparencia del manejo de los depósitos de cada ciudadano tienen efectos importantes en el corto y largo plazo. En el corto plazo, los administradores de las pensiones deben ser capaces de enfrentar sosteniblemente la demanda de pagos de aquellos que se jubilan. Esto quiere decir que el manejo de los depósitos debe ser no solo responsable sino además competitivo (si los rendimientos son menores a los del sistema financiero los depositantes prefirirán invertir para su jubilación en éste último). En el largo plazo, un manejo responsable y competitivo atraerá más ahorro o depósitos de los jóvenes reforzando la solidez del sistema mismo y empujando (via menores tasas de interés) el mercado interno de capital.

Eficiencia y transparencia son atributos difíciles de generar. Ningún sistema las puede asegurar completamente. Pero como se ha demostrado una y otra vez en la historia Boliviana (y mundial), los mercados competitivos tienen muchas más probabilidades de generar estos atributos que monopolios estatales. Al eliminar las administradoras de fondos de pensiones privadas (AFPs) y crear un organismo estatal encargado de esta tarea, la nueva ley de pensiones elimina los incentivos competitivos y revierte el manejo de la plata a los políticos. Sin competencia alguna, los depositantes estarán a merced del servicio de este ente estatal y, lo que es mucho más peligroso, esta empresa pública tendrá poco margén de escape frente a los problemas de liquidez del fisco.

La ironía sigue en pie después de tanto tiempo: En un país en el que los organismos estatales gozan históricamente de la peor reputación posible, por qué empeñarse en volver a darle al gobierno más responsabilidades?

El periódico boliviano La Razón trae la noticia de que los Ponchos Rojos (un grupo de campesinos tradicionalmente violentos y fieles al MAS y a Evo Morales) desfilarón ayer ante autoridades del gobierno mostrando armas y “chicotes.” Estas autoridades anunciaron que los campesinos habrían recibido entrenamiento del ejército y estarían listas a combatir el contrabando en la frontera con Perú como una fuerza paramilitar.

Este es un antecedente peligrosísimo. Si civiles en Bolivia pueden ahora armarse y hacer cumplir las leyes por su cuenta muy pronto este país volverá a vivir como en el lejano oeste. Y ojo que esto no es nuevo. La barbarie en Bolivia se legitimizó de a poco cuando el gobierno del MAS empezó a proteger y defender el terrible concepto de “justicia comunitaria” (las palizas a las que las comunidades campesinas suelen someter a ladrones, corruptos, etc.). Habría que entenderlo de una vez: la justicia es una y se aplica desde el poder judicial. Lo demás es simplemente bandalismo.

 

Durante las celebraciones por la victoria del Sí en el referendum autonómico de Santa Cruz, al prefecto Costas se le escucharon discursos que no distaban mucho de los discursos de su archirival Evo Morales. Aunque los movimientos regionales se muestran como la única oposición viable al proyecto socialista del MAS y en ellos están depositadas las esperanzas libertarias de Bolivia, al parecer los políticos son nomás políticos y no pueden escapar a la peligrosa demagogia. En sus intervenciones de celebración el prefecto Costas anunciaba “la verdadera revolución,” el “verdadero socialismo” y como primera medida del departamento autónomo, un “salario mínimo digno.” Como para asustarse.

Pero si la cosa se hubiera quedado en eso, en demagogia, entonces se pudiera haber pasado la página y atribuirle los excesos a la efervescencia del momento. Pero lamentablemente no fué así. El departamento autónomo de Santa Cruz instauró ayer, como primera medida, un salario mínimo departamental de Bs.1,000. La demagogia hecha praxis.

Imponer salarios mínimos (por encima del salario de equilibrio) no favorece ni a las empresas ni a la gran mayoría de trabajadores. Los trabajadores que tenían empleo con un salario menor corren el riesgo de perderlo ya que, todo lo demás constante, las empresas contratarán menos. Estas producirán y ganarán menos por lo que también reducirán sus inversiones y la generación de empleos en el futuro. Además, y como siempre pasa cuando se controlan precios, empezarán a florecer los mercados negros. Empresas Y trabajadores preferirán la informalidad en la que no se reportan los salarios.

Lo increíble de esta caso es que Bolivia está lleno de ejemplos de lo ineficientes que son los controles de precio, en especial los salarios mínimos. Pero el populismo es invasivo, confunde a las oposiciones y, al parecer, también a la memoria. 

 

Una buena descripción del daño que significa eliminar la posibilidad de comprar o vender. Aquí.

Como lo escucha. Ante el anuncio de la Unión Europea de expulsar a immigrantes ilegales de su territorio, el presidente boliviano amenazó a esta de boicotear los tratados de libre comercio entre este bloque y la CAN.

Digamos primero que la decisión de la UE podría estar equivocada. Impedir el trabajo de immigrantes ilegales impone barreras al comercio y a los beneficios asociados a este. Cuando una empresa europea emplea un immigrante no solo se beneficia el immigrante sino también la empresa. Indirectamente, además, se benefician los consumidores y crece la competitividad general de la economía. Los únicos que no se benefician son el gobierno y los trabajadores incapaces de competir con los extranjeros.

Naturalmente, además, esta política afecta a los países “exportadores” de immigrantes (las remesas en Bolivia han crecido tanto que equivalen a un tercio de las exportaciones de gas). Pero si la UE le pone barreras al comercio, la respuesta óptima no es hacer lo propio en casa. Y menos hacerlo a nombre de otros países. La decisión de la UE es soberana y ellos sabrán porque la toman. La CAN debiera respetarla y continuar avanzando en los tratados de libre comercio sin distracciones. Es preferible tener menos remesas con comercio que sin el.  

Ser policía en Bolivia tiene que ser uno de los trabajos más difíciles que hay. Estos servidores públicos deben luchar no solo contra los malechores sino también contra los escasos recursos, los salarios que no alcanzan y la corrupción generalizada en su institución. Pero la cereza de la torta la puso ayer el gobierno boliviano. Una marcha de protesta llegó decidida a “quemar” la embajada de los Estados Unidos en La Paz. Los policías cumplieron con su deber y los dispersaron usando gases lagrimógenos. Resultado: el gobierno despidió al comandante de la policía paceña por la “represión” contra los manifestantes. Cómo se pueden respetar los derechos de propiedad en una economía cuando la policía es sancionada al cumplir su deber?

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