Hace un par de semanas el presidente de Bolivia, Evo Morales, reconoció ante los medios de comunicación que el narcotráfico le está ganando la batalla a la Policía y las Fuerzas Armadas de ese país. En declaraciones un tanto ingenuas, Morales admitió lo que todo el mundo sabe: que las bandas de narcotraficantes están mejor y más equipadas que policías y soldados, que desarrollan un sofisticado trabajo de inteligencia, y que han llegado a corromper el núcleo mismo de las instituciones del orden. “El narcotráfico no había sido tan pequeño” ha dicho Morales y tiene toda la razón.

Las estimaciones del impacto económico del narcotráfico en Bolivia ilustran claramente su poderío. De acuerdo a un reporte de las Naciones Unidas, los negocios de la coca ilegal y la cocaína generarían entre 327 y 721 millones de dólares anuales (entre el 2 y el 4% del PIB).[1] Asumiendo una propensión marginal al consumo de 0.7, un cálculo rápido estimaría los efectos multiplicadores de esta actividad entre los mil y dos mil millones de dólares (entre el 6 y el 11% del PIB). No exageraríamos, por tanto, al decir que el narcotráfico se ha convertido en un importante motor de la economía boliviana. Su efecto se traduce en la creación de miles de empleos en diversas industrias, en el crecimiento de la economía informal y en la burbuja inmobiliaria por la que atraviesa Bolivia (las nuevas edificaciones en las principales capitales de ese país aumentaron en un 300% en los últimos tres años)[2]. De hecho, como lo reporta la Fundación Milenio, el crecimiento del PIB el primer semestre del 2010 (alrededor del 3%) estaría largamente explicado por la economía de la coca ilegal y el narcotráfico.

Esta evidencia no debería sorprender al presidente Morales. Desde el 2006 los cultivos de hoja de coca y la producción de cocaína se incrementaron en 20 y 50% respectivamente.[3] De hecho, se calcula que el 93% de la hoja de coca del Chapare es usada para producir cocaína. En los últimos cuatro años, además, se descubrieron y eliminaron más de cuatro mil fábricas de cocaína en diversas regiones de Bolivia (las incautaciones de droga ya no se miden en kilos sino en toneladas). La policía boliviana ha denunciando que ya operan en Bolivia organizaciones internacionales de narcotráfico provenientes de México y Brasil (se estima que el 59% de la droga incautada en Brasil procede de Bolivia)[4]. La elaboración de cocaína en viviendas “normales” prolifera en El Alto y hasta el Amauta (o “Mamauta” como fue rebautizado por Paulovich) que posesionó a Morales como líder indígena ha sido denunciado por narcotráfico.

Así, lo único sorprendente del avance del narcotráfico es que el presidente boliviano se sorprenda. No fue Morales el que legalizó las 20 mil hectáreas de hoja de coca y el cato de coca por familia productora? Y no fue Morales el que echó a la DEA de Bolivia? Cómo puede, entonces, sorprenderse del avance del narcotráfico en los últimos años? Fuera cual fuera la razón esgrimida por el presidente boliviano, es innegable que sin la DEA la lucha contra el narcotráfico para las instituciones bolivianas es mucho más complicada.

Pero tampoco seamos ingenuos nosotros. Aunque la DEA se hubiera quedado en Bolivia y las fuerzas del orden bolivianas hubieran estado más y mejor equipadas, el problema del narcotráfico no se habría solucionado ni mucho menos. Seguramente no se hubiera expandido tan rápidamente como lo hizo pero sin lugar a dudas no habría desaparecido. Es más, es muy posible que la situación hubiese sido peor en términos de violencia. Si no, mire lo que le pasa al norte de México que prácticamente vive en una guerra civil en la que las fuerzas del orden con asesoramiento estadounidense combaten a los narcotraficantes y estos combaten entre si dejando un saldo de miles de muertos cada año.[5]

No. Aquí el problema es mucho más profundo. Los beneficios económicos que deja el narcotráfico son tan altos que justifican casi cualquier riesgo e inversión. Los narcotraficantes estarán siempre dispuestos a invertir largas sumas de dinero en equipamiento armado y en corromper oficiales y políticos porque sus ganancias superan con creces todos esos gastos. El poderío económico de los narcotraficantes siempre será inmenso comparado con lo que puedan hacer la policía y las fuerzas armadas aún con asesoramiento y patrocinio estadounidense.[6] La guerra contra las drogas empieza ya perdida para Morales o cualquier otro gobernante. Y entonces? Cuál es la solución?

La solución más sensata a cualquier problema económico es casi siempre la misma: la liberalización. En este caso, la legalización de las drogas en general y de la cocaína en Bolivia en particular. Esta no es una propuesta nueva. En realidad es una propuesta largamente estudiada por economistas, filósofos, y otros cientistas sociales. Aunque sus argumentos son cada vez más aceptados en el ámbito académico, desafortunadamente estos no han llegado a transformarse en un paradigma viable para la opinión pública y el ámbito político. Solo ahora, y de a poco, se empiezan a ver algunas señales positivas. El presidente de México, Felipe Calderón, por ejemplo, recientemente se mostró dispuesto a escuchar el debate. Por su parte, el ex-presidente mexicano, Vicente Fox, ya ha propuesto sin remilgos la legalización definitiva de las drogas en su país.

Pero es que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Los argumentos económicos para la legalización de las drogas caen por su propio peso:

-        Reducción del crimen. Con la legalización, las drogas serían más baratas (al ser las drogas legales, los costos de producción se reducirían, la oferta se incrementaría y el precio final bajaría) y, por lo tanto, los beneficios económicos de los narcotraficantes se reduciría substancialmente. Con precios menores, los adictos tendrían menos incentivos a arriesgarse a robar o asesinar a alguien por dinero, la violencia entre pandillas y bandas de narcotraficantes se reduciría, y también lo haría el patrocinio a grupos delictivos, terroristas, etc. La reducción del crimen organizado después de la legalización del alcohol en Estados Unidos en 1920 es un perfecto ejemplo.

-        Las drogas serían menos fuertes. Cuando el alcohol era prohibido, un traficante prefería comercializar alcoholes fuertes de mayor precio. Por qué arriesgar la cárcel por vender solo cerveza? Después de la legalización, los traficantes empezaron a comercializar productos menos fuertes y en general el consumo se revertió a bebidas mucho menos potentes y dañinas. Seguramente lo mismo pasaría en el caso de las drogas.

-        Mejoras en la salud. A través de la competencia, la legalización de las drogas generaría drogas de mayor pureza y calidad. Los adictos sabrían exactamente que están consumiendo y se evitarían muertes por ingestión de materiales tóxicos usados en drogas adulteradas. El intercambio de jeringas sería cosa del pasado evitándose así la muerte por transmisión de enfermedades. Es más, dado el carácter legal y abierto de las drogas, los jóvenes tendrían acceso a mucha mayor información y las campañas de prevención tendrían posiblemente más éxito.[7]

-        Beneficios sociales. Al ser las drogas ilegales, los países que las producen terminan por sumergirse en una cultura criminal. Los productores son criminales, los traficantes son criminales, ciudades y barrios enteros se hacen criminales (El Alto, el Chapare, y partes de Santa Cruz, Beni y Pando en Bolivia van en ese camino) y la sociedad entera termina por desarrollar una cultura al margen de la ley. La legalización de las drogas “limpiaría” las calles de criminales.

-        Ahorro. El gobierno boliviano, el colombiano, el mexicano, el estadounidense y muchísimos otros gastan enormes cantidades de dinero en la lucha contra el narcotráfico. Con la legalización de las drogas, todo ese dinero sería ahorrado y probablemente usado en campañas de prevención. Es más, los negocios legales de drogas pagarían impuestos como todos los demás negocios.

El típico contra-argumento suele ser el siguiente: Si las drogas son legales, no sería más fácil comprarlas y no se incrementaría, por lo tanto, su consumo en la población? Absolutamente no. No existe ninguna razón para pensar que los bolivianos o estadounidenses empezarían a consumir más drogas si estas se pudieran comprar en una farmacia a precios bajos. La elasticidad de la demanda por drogas es generalmente muy baja (es vista por los adictos como una “necesidad”). Por tanto, si su precio baja, su consumo no se incrementaría significativamente. De hecho, encontrar drogas a la venta ahora es muy fácil para el que las busca (casi como si se vendieran en las farmacias). Con mayores recursos destinados a la prevención y la información no nos debería sorprender que el consumo en realidad disminuyese. Los ejemplos del alcohol en Estados Unidos y la marihuana en Holanda son muy ilustrativos. Después de la legalización de estas drogas, el consumo no se disparó en estos países como muchos esperaban.

Pero no se convertiría Bolivia en un paraíso de narcotraficantes? Sí y no. Sí porque no serían perseguidos, pero no porque el precio del producto sería mucho más barato en Bolivia (dada la gran competencia al haber más productores en el mercado) y por lo tanto sus ganancias serían menores. La fuente del negocio de la droga es la ilegalidad. Sin ella, los narcotraficantes pierden su ventaja comparativa. De hecho, los primeros interesados en que las drogas sigan siendo ilegales son los narcotraficantes. Si Bolivia da el primer paso, por qué otros países no podrían seguir el mismo camino? México, Brasil, y Estados Unidos deberán convencerse en algún momento de que la guerra contra las drogas nunca trajo ni traerá ningún resultado.

La legalización de las drogas es la única forma de cortar de raíz los problemas sociales del narcotráfico. Bolivia tiene la perfecta oportunidad para dar ese paso. El pasatiempo favorito del presidente Morales es discrepar con el gobierno estadounidense en cada oportunidad que se le presenta. Pues ahí lo tiene. Legalice las drogas en nombre del “anti-imperialismo” o cualquier otro “ismo” que se le ocurra pero hágalo ya. Esa sería la mejor herencia – y probablemente la única – del MAS para las generaciones futuras.

[2] Entrevista a Wilman Stelzer, concejal del municipio de Santa Cruz en El Mundo de España.

[3] De acuerdo al cálculo oficial del gobierno, 12 mil hectáreas de coca bastarían para abastecer la demanda local por esa hoja. De acuerdo a Naciones Unidas, al momento Bolivia tendría alrededor de 32 mil hectáreas de producción de coca.

[4] Reporte de la Policía Federal de Brasil, Agosto 2010.

[5] Solo en Ciudad Juarez, al norte de México, se cuentan más de 1400 muertes en lo que va de 2010. Reporte de la Subprocuradoría de Justicia de México.

[6] Como ejemplo, el gobierno estadounidense gastó más de 4.7 billones de dólares en el Plan Colombia de 2000 a 2006.

[7] Una de las razones por la que muchos adolescentes entran al mundo de las drogas es precisamente porque éste se encuentra al margen de la ley. Si las drogas son legales, éstas no generarían la misma atracción para estos adolescentes.

No tengo la menor duda de que tanto la COB como la Asamblea Plurinacional aprobarán sin reparos el nuevo código. Quién podría resistirse a un árbol de Navidad lleno de regalos? Porque este anteproyecto es precisamente eso, una sarta de beneficios que ninguna persona con corazón se atrevería a rechazar. Veamos una muestra:

1. El artículo 12 del anteproyecto dice: “Toda persona tiene derecho al trabajo digno con seguridad industrial y salud ocupacional, sin discriminación y con remuneración  justa, equitativa y satisfactoria, que le asegure para si y su familia una existencia digna; también tiene derecho a una fuente laboral estable, en condiciones equitativas y satisfactorias.”

Así es, con un artículo – y un abracadabra -, se solucionaron todos los problemas del país. Apenas se apruebe este código, todo boliviano y boliviana tendrá el derecho a un trabajo “digno,” “estable,” “justo,” y “satisfactorio.” Pero cómo no se nos ocurrió antes? Solo había que escribirlo en una ley y listo, adios al desempleo y la pobreza.

2. El anteproyecto aumenta el número de “bonos.” Si el código se aprueba, los trabajadores tendrán derecho legal a pagos extra si asisten a trabajar todos los días (un bono por hacer lo que se debe hacer?), si son puntuales (idem), si requieren de refrigerio, si necesitan movilidad o transporte, si trabajan en las fronteras, si trabajan en condiciones peligrosas, si se capacitan técnicamente, si son trabajadores antiguos, y si son profesionales.

3. De acuerdo al nuevo código, la baja médica para madres se incrementa de 60 a 90 días, los padres cuyas esposas o concubinas esten embarazadas no pueden ser despedidos, y las empresas en las que trabajen más de 10 madres con niños lactantes deben construir centros infantiles.

4. Los adolescentes deben recibir una “remuneración justa,” no pueden hacer trabajos peligrosos, y están prohibidos de trabajar en el exterior.

5. La capacitación técnica de los trabajadores será gratuita y estará a cargo de una institución pública que será financiada por las empresas.

6. El aguinaldo para vendedores de periódico y lustrabotas es obligatorio. El día de Navidad los periódicos cuestan el doble y la diferencia es para los “canillitas.”.

7. Los trabajadores tienen derecho a una vacación de 15 días apenas cumplan 6 meses de trabajo. El 30 de Marzo es feriado para las trabajadoras del hogar y el 21 de Junio es feriado general por ser el día del año nuevo aymara.

No les parece fantástico? Acaso este código no favorece al trabajador como ningún otro? Parecería que sí. Con todos los bonos, feriados, y beneficios, los trabajadores deberían experimentar una importante mejora económica en comparación a su situación actual. Todo suena muy bueno para ser verdad. La realidad, me temo,  es completamente distinta. Este código de trabajo es algo asi como un Caballo de Troya, un regalo que por fuera es hermoso pero que por dentro guarda la destrucción del mercado laboral.

Es un típico ejemplo de las consecuencias involuntarias generadas por políticas públicas. Al crear un sinfín de bonos, feriados,  vacaciones, “remuneraciones justas,” estabilidad laboral y obligar a las empresas a pagar aguinaldos y capacitación técnica, lo que el gobierno esta haciendo es incrementar tremendamente el costo de contratar a alguién. Un trabajador boliviano resultará, con todas estas reglas, carísimo. Las empresas tendrán, por lo tanto, incentivos a contratar mucho menos que antes. Tratarán de sustituir trabajadores por maquinarias o simplemente llevarán sus fábricas al Perú o algún otro lugar en el que contratar trabajadores sea relativamente más barato. El resultado lógico de un código como este no es mayor bienestar para el trabajador sino un incremento en el desempleo. Los trabajadores estarán perfectamente bien “protegidos” por su código pero las empresas ya no los contratarán.

De hecho, el desempleo será más fuerte entre los grupos a los que el nuevo código trata de proteger más: mujeres y adolescentes. Contratar miembros de estos grupos demográficos será realmente alto. Las empresas tienen que pensar en pagar los costos de largas bajas médicas y centros infantiles, en el caso de mujeres, y en disminuir riesgos, pagar capacitación, educación, aguinaldos, etc. en el caso de los adolescentes. Las empresas, por lo tanto, pensarán dos veces antes de contratar a miembros de estos grupos.  Si encima los adolescentes están prohibidos de trabajar en el exterior, entonces estarán en un callejón sin salida.

Se puede argumentar que todos estos beneficios podrían incrementar la eficiencia del trabajador y así, en el largo plazo, generar mayor crecimiento económico. El  primer contra-argumento es que estos “trabajadores eficientes” serán la minoría ya que, como vimos antes, el desempleo aumentará.  El segundo contra-argumento es que el diseño de estructuras de incentivos genera mejoras significativas en eficiencia cuando estas están asociadas a resultados o productividad y no a puntualidad o mera presencia física. Finalmente, para ser efectivas y relevantes, las estructuras de incentivos deben ser negociadas internamente entre trabajador y empleador y no impuestas exógenamente por una ley.

El anteproyecto de código de trabajo es un pliego de buenas intenciones. Es un árbol de Navidad casi irresistible. La realidad es, sin embargo, completamente distinta. Al final del día debemos admitir que mejoras en el bienestar de los trabajadores no provienen de leyes o códigos mágicos sino de la estructura misma del mercado de trabajo. El minuto en que se respeten los derechos de propiedad y la seguridad jurídica, se disminuya la corrupción y la burocracia, se disminuya la regulación, y se acaben las trabas a la inversión nacional y extranjera, las empresas y sus capitales llegarán progresivamente al país y empezarán a competir por atraer a trabajadores. Esta competencia hará que los trabajadores mejoren su situación económica de forma natural y sostenida.

Esta es parte de una entrevista para la revista Nueva Economía de Bolivia.

1.- Después de haber pasado por un mal momento, y parece que todavía siguen, el sector inmobiliario que muestras de recuperación dio a la fecha. Los estadounidenses y los bancos ingresaron nuevamente a este mercado.

El mercado inmobiliario, y la economía en general, están mostrando una recuperación todavía muy débil. Las ventas de casas en Enero de este año estuvieron apenas por encima de los cinco millones de unidades. Aunque esta cifra representa un retroceso del 7.2% con respecto a Diciembre de 2009, también representa un incremento del 11.5% con respecto a la cifra de hace un año atrás en Enero del 2009. Este último dato y otros indicadores, como el incremento en el número de permisos para construcción y la caída de inventarios, han generado moderado optimismo ente los especialistas. La mayoría, sin embargo, coincide en que la mejoría será lenta y no muy suave en términos de varianza.

Hay que tener en cuenta además que gran parte de esta mejora se debe a circunstancias muy específicas y de corto plazo. Por un lado, muchas de las ventas no son nuevas construcciones sino ”foreclosures” o casas embargadas por los bancos y vendidas luego a precios de pérdida. Por otro lado, las tasas de interés se encuentran a niveles artificialmente bajos que difícilmente se podrán mantener en el largo plazo. Finalmente, muchos compradores están incentivados por el programa de crédito fiscal de $8,000 dólares válido sólo hasta Abril de este año.

2.- Las noticias internacionales señalan que el consumo todavía está desacelerada. La confianza de los estadounidenses tampoco se recupera, pero en comparación al año pasado en estas fechas, cómo se muestra la situación respecto a este tema.

En comparación al año pasado, el gasto en consumo también ha mejorado levemente. En Enero de este año el consumo privado se incrementó en 0.5% marcando cuatro meses de incremento consecutivo. Comparado a Enero del 2009, el incremento fue de 1.7%. Los niveles sin embargo, siguen estando muy por debajo de los años pre-crisis. El desempleo – que estuvo apenas debajo del 10% en Febrero de este año – y la incertidumbre sobre el mediano y largo plazo son las principales razones detrás de esta leve recuperación. El público sabe que la crisis fue parcialmente frenada gracias al estímulo de $800 billones de dólares y no gracias a que los elementos fundamentales de la economía estén haciendo pie. Sin un mercado de trabajo sólido y sin perspectivas positivas no se puede pedir un incremento mayor en consumo. De hecho, la elección racional del público es ahorrar antes que gastar.

3.- Uno de los problemas que ocasionó la crisis financiera internacional fue el desempleo y cierre de empresas, pasaron más de diez meses el índice se recupera o se agrava la situación de los trabajadores.

La situación en términos de empleo no mejora. Al principio muchos economistas pronosticaban una crisis tipo V, es decir, una recesión corta de unos 8 meses o un año como las dos anteriores. Pero lo que estamos viviendo es una crisis tipo U, que puede llegar a ser de 3 años o aún más (con niveles contínuos de desempleo cercanos al 10%). De hecho, la preocupación a estas alturas es que esta recesión se transforme en una depresion tipo L de largo aliento como la japonesa hace un par de décadas. El peligro de que eso suceda está en que los hacedores de política sigan cometiendo los mismos errores que precisamente originaron la crisis.

Si uno mira un poco hacia atrás antes de la recesión, los niveles de la tasa de interés real desde el 2002 hasta el 2004 se encontraban artificialmente bajos (en algunos casos eran negativos). La Reserva Federal, empeñada primero en impulsar a la economía después de la recesión del 11-S y después en promover la compra de casas por parte de familias con bajos recursos, disminuyó la tasa de descuento a niveles recod. El resultado era previsible: mala inversión. Proyectos que antes no eran rentables ahora si lo eran y casas que antes eran imposibles de comprar ahora eran baratas. El gobierno le puso la alfombra roja a las malas ideas. Así, se construyó hasta el 2005-2006 un castillo fabuloso en el que toda idea funcionaba, todos tenían trabajo y dinero (o por lo menos crédito) y ninguna casa era un sueño inalcanzable. Pero el castillo no era real, era de arena. Apenas la Reserva Federal le puso un freno al despilfarro y la gente que se prestó enormes cantidades de dinero no pudo pagar sus deudas, el castillo se empezó a desmoronar. Era inevitable, una construcción deficiente  debía necesariamente ser demolida. El actual programa de estímulo fiscal, sin embargo, se empeña en seguir gastando (generando peligrosos niveles de deuda) para mantener el deficiente castillo en pie. Ante la problemática social de dejar que la recesión siga su curso y termine de eliminar los malos proyectos y genere alto desempleo, el gobierno prefiere seguir construyendo la ilusión. Se combate el fuego con fuego. Es como combatir la resaca de una noche de juerga con más juerga. Los síntomas se podrán ocultar temporalmente pero a la larga la resaca se hace más fuerte.

Pretender cambiar un precio que consideramos “injusto” por otro más “justo” por decreto es como pretender cambiar la distancia entre La Paz y Lima porque nos parece muy larga o muy corta. Podemos escribir en una ley el número de millas o kilómetros que nos parezcan “justos” pero la realidad no habrá cambiado en absoluto.

En mercados libres y competitivos, los precios tienden a “equilibrar” el mercado. El precio del pollo, por ejemplo, fluctuará naturalmente hasta que la cantidad demandada de pollo sea igual a la cantidad ofrecida del mismo bien. La lógica es poderosa. Si la cantidad demandada es mayor a la ofrecida, la escacez relativa de pollo se incrementa y por lo tanto el precio sube. Si la cantidad ofrecida es mayor a la demandada, la escacez relativa de pollo disminuye y por lo tanto el precio cae. Esta fluctuación natural del precio hace que no existan persistentes “insuficiencias” ni “abundancias” de pollo que no son otra cosa que un despilfarro de recursos. En “equilibrio” se garantiza una asignación eficiente de los mismos.

Por eso es que hay que alarmarse una y mil veces cuando se lee en la prensa que el gobierno boliviano pretende controlar el precio del pollo, del azúcar y de otros bienes. Volviendo a los típicos argumentos populistas de que estos bienes son de “primera necesidad,” el gobierno boliviano pretende imponer precios máximos que, por supuesto, estarán por debajo de los precios de equilibrio.  Nuestra predicción si estos decretos se aplican es:

1) Se generará una insuficiencia de pollo y azúcar en los mercados bolivianos. Con el menor precio impuesto por el gobierno, más gente estará dispuesta a comprar pollo pero menos empresas estarán dispuesto a venderlo (para qué vender estos bienes a precios controlados en Bolivia? mejor exportarlos). Como resultado, no existirá sufience pollo para todo aquel consumidor que esté dispuesto a pagar ese precio regulado.

2) La típica respuesta de los agentes privados es desarrollar mercados negros en los que el precio encuentra su equilibrio natural pero esta vez de forma ilegal.

El gobierno puede contra-atacar prohibiendo la exportación pero ese sería un error aún mayor. Esto implicaría pérdidas de negocios considerables, despidos, etc. En fín, que no hay forma. Tratar de regular precios es tratar de tapar el sol con un dedo. Es una fantasía y un derroche de ineficiencia.

El carnaval es una fiesta típica e imperdible en la mayor parte de Sudamérica. En lugares como Rio de Janeiro en Brasil, o Santa Cruz y Oruro en Bolivia, el carnaval atrae a miles de visitantes que disfrutan de tres o cuatro días de parranda. El resultado inevitable es que los precios de hoteles, comidas, bebidas y muchos otros bienes en estos lugares se incrementan significativamente. Es una lección básica de Principios de Economía. Al incrementarse la demanda por estos bienes (un desplazamiento de la curva de demanda hacia la derecha) el precio y la cantidad en equilibrio serán más altos. Nada nuevo ni misterioso.

Lo que no deja de sorprender es la constante queja de consumidores y autoridades gubernamentales cuando esto sucede. Como ilustra este artículo de La Razón, el público y algunas autoridades gubernamentales siguen viendo en estos incrementos de precio una inmoral y malvada conspiración.

Hasta el sábado una noche en una habitación doble en un hotel del centro de Oruro costaba Bs 250. Durante el Carnaval el valor se triplicará a razón de Bs 707 por jornada, si acaso la encuentra, porque ahora los centros de hospedaje sólo venden paquetes por tres días a 300 dólares (Bs 2.121).

Para el prefecto de ese departamento, Alberto Aguilar, estos incrementos no se justifican. “La Cámara Hotelera debería tener mayor conciencia, no es que por el Carnaval ellos puedan hasta triplicar el costo. Hasta nosotros tuvimos dificultades para hacer reservaciones para nuestros invitados , ellos (hoteles) sólo nos ofrecen paquetes”, reclamó. Según Aguilar, la Alcaldía Municipal debería regular estos precios.

Regulación de precios? Mala idea.

Supongamos que apelando a su espíritu carnavalero, convencemos a los hoteleros en Oruro a cobrar por habitación lo mismo que venían cobrando antes del carnaval. La primera reacción del público (y el Prefecto Aguilar) es saltar de una pata. Participar del carnaval es ahora muy barato. Muy ¨democratizador” y solidario. De hecho, si antes del anuncio  unas 2000 personas pensaban ir a Oruro para la fiesta, después del anuncio de precios bajos ese número probablemente se duplicaría. Todo el mundo al carnaval!

Pero que pasaría cuando toda esta gente llegue a Oruro y trate de conseguir una habitación en un hotel? Lo más probable es que no la pueda encontrar. A esos precios bajos muchas personas se disputarían el naturalmente limitado número de habitaciones y muchas quedarían en la calle (un problema no menor si se considera el gélido clima de Oruro). Pero sabiendo que las personas responden a incentivos, lo que probablemente pasaría es que se crearía un mercado negro de tarifas. Bajo la mesa, las habitaciones irían nomás a aquellos que estén dispuestos a pagar más. Cómo sino eligirían los hoteles a sus clientes entre toda la masa de visitantes? Los precios se dispararían hacia arriba como antes pero ahora en un mercado negro en el que no existe un marco legal que resuelva disputas.

Que generaríamos entonces con un control de precios: mercados negros, gente en las calles, desórdenes y violencia. Tratar de manipular los resultados generados por mercados libres es siempre peligroso. Los incentivos son poderosos y a los reguladores por lo general les sale el tiro por la culata.

Puede existir algo más populista que este tipo de discursos? Otra vez “el imperio y sus invasiones” otra vez “la dignidad,” otra vez “las luchas indígenas en el nuevo milenio,” otra vez la “defensa incondicional de los recursos naturales.” La misma cantaleta de siempre que ya ha rebasado cualquier límite de sentido común y prudencia.

Evo vive en una película escrita y dirigida por el mismo y su entorno zurdo trasnochado. Evo se cree genuinamente el héroe indígena de Avatar que salva a su planeta de una invasión terrible del capitalismo. Evo es Evotar y habría que darle el Oscar.

Hace un par de días la Ministra de Cultura, Zulma Yugar, presentó un decreto en el que se norma que los eventos culturales no pueden negociar contratos exclusivos con los medios. La transmisión de estos eventos debe ser libre (lease gratuita) por considerar la ministra que estos eventos son “patrimonio nacional.” Resultado: los folkloristas no podrán pagar los costos de organizar dichos eventos culturales y estos corren el riesgo de no ser producidos.

Ahora es el flamante Viceministro de Deportes, el recordado lateral derecho Miguel Ángel Rimba, el que hará uso de la varita mágica. De acuerdo a esta entrevista, una de sus prioridades es normar que el mundial de fútbol de este año se transmita no por cable sino por canal abierto (lease gratuitamente) en el territorio boliviano. Una vez más, la idea es transformar un bien que normalmente es costoso, en gratuito y así ahorrarle plata al aficionado futbolero.

Ya se imaginarán cuales serán las “consecuencias involuntarias” de la anterior norma. Si la orden o el decreto es impedir la transmisión por cable, lo más probablemente es que las empresas que pensaban comprar los derechos del mundial para Bolivia ya no tengan los incentivos para hacerlo. Perderían plata. Así, el mundial no se vería en Bolivia ni en canal abierto ni en cable. Si el gobierno “negocia” con estas empresas para poner la señal en canal abierto, lo que ultimadamente pasará es que el gobierno deberá comprar los derechos de la señal. Y con qué plata? Con la plata de todos los bolivianos por supuesto. Resultado, los bolivianos (futboleros y no futboleros)  terminarán pagando por ver el mundial con sus impuestos.

Una vez más: nada es gratis y las políticas populistas no pueden cambiar ese hecho usando decretos.

He aquí un gran ejemplo de las consencuencias involuntarias generadas por políticas públicas populistas.

La nueva Ministra de Cultura en Bolivia, Zulma Yugar, acaba de anunciar la emisión de un decreto supremo que “anula los contratos de exclusividad para la transmisión televisiva y radiofónica de eventos culturales de carácter público (incluyendo las famosas entradas folklóricas).” La “noble” intención de la autoridad de gobierno es “democratizar el acceso de la población a esos eventos que son patrimonio del país.”

Acto seguido (el mismo día del anuncio de este nuevo decreto), los folkloristas de Oruro que se preparan para la entrada del carnaval pusieron el grito al cielo. Aparentemente, la entrada del carnaval de Oruro ya subscribió un contrato de exclusividad con una televisora boliviana por US$32,000. El presidente de la Asociación de Conjuntos Folklóricos, Jacinto Quispaya, explicó que “con el dinero que se obtiene por contratos de exclusividad se beneficia al evento cultural en su conjunto y sobretodo a las agrupaciones folklóricas pequeñas que no alcanzan a cubrir todo el costo que implica participar de una entrada de la magnitud del Carnaval de Oruro y podrían desaparecer.”

No les parece fantástico? Un ejemplo clarísimo de que “democratizar” o artificialmente transformar en gratuitos bienes o productos que no lo son (como las entradas folklóricas que tiene un costo de producción significativo), es una quimera. Al final del día lo único que se logra con estos decretos “democratizadores” es poner en riesgo la producción del bien o en este caso el evento cultural.

El periódico La Prensa publicó hace un par de días un artículo del Ministro de Economía boliviano, Luis Arce, con el mismo título de este post. Aunque es muy difícil resumir en una carilla la agenda económica anual de un país, el análisis del ministro Arce en esta publicación nos da una idea de lo que se puede esperar  este año en Bolivia…lamentablemente muy poco.

Arce presenta el argumento de que la agenda económica de Bolivia debería ser una respuesta a la “crisis mundial del capitalismo.” Una crisis que, de acuerdo al ministro, es “estructural” y se manifiesta en una crisis energética (“evidenciada por la enorme brecha de consumo de energía entre los países desarrollados y los subdesarrollados”), una crisis alimentaria (“se evidencia una insuficiente capacidad productiva mundial de alimentos frente a una creciente demanda de éstos”), una crisis financiera (“que estalla el año 2007 y manifiesta sus devastadores efectos hacia el segundo semestre de 2008 y primer trimestre de 2009″), y una crisis climática (“la presencia ahora común de los fenómenos de El Niño, La Niña y otros desastres naturales”).

De acuerdo a Arce, la respuesta boliviana a esta supuesta “crisis mundial del capitalismo” debería:

A) Preservar la sostenibilidad macroeconómica que “demuestre que la izquierda sabe manejar la economía del país.”

B) Profundizar la diversificación de la economía con el objetivo de romper la dependencia casi exclusiva del sector de hidrocarburos. Para esto, Arce propone planes gubernamentales de “industrialización” en hierro, litio, agroindustria, cobre, leche, cartón, papel, cemento, etc. Dichos planes consisten en la creación de varias empresas públicas: Lacteosbol, Cartonbol, Papelbol, Ecebol, etc.

C) Apoyar al sector privado. Arce define a “buenos” y “malos” empresarios y propone que, ahora que las batallas políticas han terminado y las mayores incertidumbres han sido resueltas, los “buenos” empresarios inviertan y generen empleo. El Estado además debería, según Arce, proporcionar subsidios en créditos a través de bancos estatales.

D) Atraer inversión extranjera “bajo las nuevas reglas de juego.”

E) Construir caminos y

F) Optimizar el funcionamiento de la empresa petrolera de Boivia, YPFB.

Propuesta asi, la agenda económica boliviana para el 2010 no permite espacio para mucha ilusión. Veamos:

1) La premisa de que la agenda económica de un país debería ser una respuesta a una supuesta “crisis mundial del capitalismo” es errónea y demagógica. Si por capitalismo entendemos un sistema social que asigne recursos escasos a través de mercados, entonces el capitalismo está vivito y coleando. La asignación de recursos a través de mercados no es una ideología o paradigma sino un hecho, una simple evidencia que no requiere profesamiento de fé. Los agentes económicos responden a incentivos, se especializan de acuerdo a sus “ventajas comparativas,” y se benefician intercambiando bienes y servicios. Esto ha sido asi desde la era de las cavernas. Sistemas sociales que ignoren este principio o peor aún lo traten de reprimir, terminan llevando a sus sociedades a la ruina. Por eso cayó la Unión Soviética, por eso China tuvo que reformar su sistema, y por eso es que la testaruda Cuba se muere de hambre.

El hecho de que las variables macroecómicas (PIB, empleo, etc.) fluctuen a través del tiempo no pone en duda el principio básico detrás del funcionamiento de mercados. El “capitalismo” no solo ha sobrevivido “crisis energéticas” mucho más severas (la de principios de los 70 por ejemplo) o recesiones profundas y largas como la Gran Depresión, sino que también ha permitido que la humanidad desarrolle estándares de vida elevadímos. Contrario a lo que sugería Malthus, ahora tenemos más alimentos que nunca antes.

Pero lo que es aún más importante de entender es que la mayoría de estas “crisis” (como la actual crisis financiera o la Gran Depresión) fueron causadas precisamente por largas intervenciones estatales en el funcionamiento libre de los mercados. La reciente “crisis” en Estados Unidos está intimamente asociada a la reducción artificial de la tasa de interés durante los primeros años de esta década generada por la Reserva Federal. Y como muchísimos economistas han venido argumentando en los últimos años, las causas centrales de la pobreza en Africa, el sudeste asiático y Latinoamerica son la falta de instituciones o reglas de juego que defiendan la propiedad privada y garanticen el seguro funcionamiento de mercados.

Y entrando a los puntos específicos de la agenda del ministro Arce,

2) Aunque es encomiable la intención de defender la estabilidad macroeconómica, habrá que notar que esto implica que el gobierno debe conservar un presupuesto balanceado. La creación de empresas públicas, los subsidios crediticios, y los bonos Juancito y otros ponen esta estabilidad en riesgo. Mientras Venezuela siga subsidiando al presidente Evo, no hay que preocuparse. Pero que pasará cuando Chavez ya no lo haga? Aqui es donde se verá si la “izquierda” no pierde de vista la estabilidad macroeconómica heredada del “capitalismo.”

3) Una diversificación económica verdadera y útil parte siempre del sector privado y nunca del gobierno. Los empresarios son los que realmente saben donde les duele el zapato. Si el cartón industrializado es rentable (por encima de los hidrocarburos), entonces habrán empresarios que se dediquen a ello. Si no lo es, entonces nadie debería hacerlo y se debería importar ese producto de afuera. Los países deben naturalmente dedicarse a su ventaja comparativa y no forzar industrializaciones por el simple afán de industrializar. Si además estos procesos son llevados a cabo por empresas públicas los grados de ineficiencia se multiplican.

4) En la misma línea, proveer creditos subsidiados es cambiar artificialmente el costo relativo de producir un bien. Estos créditos incrementan el déficit fiscal y mandan señales distorsionadoras al sector productivo.

5) También es loable que se intente atraer inversión extranjera. Las nuevas reglas de juego son, sin embargo menos competitivas que las anteriores. Convencer a un empresario privado de invertir en Bolivia es ahora muy difícil. No llegará el presidente con su casco y sus soldados a expropiar la empresa?

6) Optmizar YPFB será posible solo cuando YPFB sea más privada que pública.

En fin, nada de nada. La agenda económica para 2010 carece de un marco analítico serio y no ataca lo fundamental: la necesidad de reglas de juego claras que garanticen la propiedad privada y el libre funcionamiento de mercados; la necesidad de menos gasto público, de menos burocracia y menos corrupción; y la necesidad de reformas serias en salud, educación y el mercado de trabajo que promuevan la iniciativa privada en lugar de reprimirla.

Tomado de Octavo Cerco:

Allá en el barrio de Ciro están poniendo unos teléfonos, la lista de personas que no tienen el servicio es de 20 pero sólo hay tres líneas disponibles. Me entero, con un poco de tristeza in crescendo, de todo el proceso a través de una de las interesadas. Etecsa no decide quién va a tener teléfono, sino que es una comisión nombrada por el CDR la que “hace un estudio del terreno” y nombra los elegidos.

La comisión inicial, de tres personas, nominó primeramente al presidente del CDR y en segundo lugar al delegado de la circunscripción, el tercer lugar quedó divido entre dos vecinos cercanos a la comisión. El litigio se extendió hasta llegar a escándalo en Etecsa, que los mandó para la casa a ponerse de acuerdo.

Otros vecinos, al ver el problema, se sumaron a la inconformidad. La mujer que me contaba la historia, por ejemplo, me explicaba que ella estaba esperando para hacer su reclamación porque consideraba que ella tenía más méritos en el CDR que los del litigio. El asunto se puso tan crudo que la comisión fue desintegrada y otra nueva puesta en su lugar.

La nueva comisión junto a los vecinos han convocado a hacer una reunión extraordinaria para una nueva selección, que aun no ha tenido lugar pero que se hará sin la presencia de los implicados en el problema. De todas maneras, siempre que se hace la selección y se toma una decisión, uno puede después hacer una reclamación para que se revise nuevamente todo el proceso: se argumenta por qué uno no está de acuerdo y se enumeran los méritos de aquel al que se quiere beneficiar por encima del que fue beneficiado.

Recuerdo cuando repartieron los televisores que la gente la Habana estaba conmocionada por las broncas entre vecinos; sé de amigos que no tenían televisor y prefirieron no participar a tener que fajarse con sus colindantes: trapos sucios, historias viejas, familia en Estados Unidos, comentarios contra el gobierno, número de guardias hechas, trabajos voluntarios, calidad ideológica de los familiares, en fin, cualquier argumento es válido a la hora de explicarle al CDR que el televisor o el teléfono lo merece uno y no el de al lado.

Pero lo peor de todo es que hay gente, como la mujer con la que hablé, a la que le parece justo el proceso. Gente que no ve el triste y doloroso resultado de un sistema que pone a sus ciudadanos como perros sacando un hueso de la basura, que sádicamente se lava las manos e indolente abandera con orgullo la responsabilidad de haber convertido la envidia y la chivatería en los nuevos valores de la revolución socialista.