Este post es una joya. Pocas veces uno encuentra una descripción tan realista y descarnada de la tremenda ineficiencia en la que se cae cuando se trata de asignar recursos escasos a través del gobierno y no a través del mercado. 

Tomado de Octavo Cerco:

Allá en el barrio de Ciro están poniendo unos teléfonos, la lista de personas que no tienen el servicio es de 20 pero sólo hay tres líneas disponibles. Me entero, con un poco de tristeza in crescendo, de todo el proceso a través de una de las interesadas. Etecsa no decide quién va a tener teléfono, sino que es una comisión nombrada por el CDR la que “hace un estudio del terreno” y nombra los elegidos.

La comisión inicial, de tres personas, nominó primeramente al presidente del CDR y en segundo lugar al delegado de la circunscripción, el tercer lugar quedó divido entre dos vecinos cercanos a la comisión. El litigio se extendió hasta llegar a escándalo en Etecsa, que los mandó para la casa a ponerse de acuerdo.

Otros vecinos, al ver el problema, se sumaron a la inconformidad. La mujer que me contaba la historia, por ejemplo, me explicaba que ella estaba esperando para hacer su reclamación porque consideraba que ella tenía más méritos en el CDR que los del litigio. El asunto se puso tan crudo que la comisión fue desintegrada y otra nueva puesta en su lugar.

La nueva comisión junto a los vecinos han convocado a hacer una reunión extraordinaria para una nueva selección, que aun no ha tenido lugar pero que se hará sin la presencia de los implicados en el problema. De todas maneras, siempre que se hace la selección y se toma una decisión, uno puede después hacer una reclamación para que se revise nuevamente todo el proceso: se argumenta por qué uno no está de acuerdo y se enumeran los méritos de aquel al que se quiere beneficiar por encima del que fue beneficiado.

Recuerdo cuando repartieron los televisores que la gente la Habana estaba conmocionada por las broncas entre vecinos; sé de amigos que no tenían televisor y prefirieron no participar a tener que fajarse con sus colindantes: trapos sucios, historias viejas, familia en Estados Unidos, comentarios contra el gobierno, número de guardias hechas, trabajos voluntarios, calidad ideológica de los familiares, en fin, cualquier argumento es válido a la hora de explicarle al CDR que el televisor o el teléfono lo merece uno y no el de al lado.

Pero lo peor de todo es que hay gente, como la mujer con la que hablé, a la que le parece justo el proceso. Gente que no ve el triste y doloroso resultado de un sistema que pone a sus ciudadanos como perros sacando un hueso de la basura, que sádicamente se lava las manos e indolente abandera con orgullo la responsabilidad de haber convertido la envidia y la chivatería en los nuevos valores de la revolución socialista.

El presidente boliviano Evo Morales no habla de otra cosa. Es, al parecer, su primer objetivo y mayor obsesión. Por “dignidad,” Bolivia ha renunciado a tratados de libre comercio, ha nacionalizado la mayoría de sus empresas públicas, ha desfavorecido y puesto trabas a la inversión extranjera, y ha perdido ahora el mayor mercado de las exportaciones no tradicionales de Bolivia. Con el fin del ATPDEA (la rebaja de tarifas arancelarias de productos bolivianos en Estado Unidos), Bolivia ha perdido el 60% de las exportaciones a ese país, más de 60 millones de dólares, y más de 46 mil empleos (datos de La Razón). Carísima ha resultado la “dignidad.” Pero claro, como Evo Morales no la paga, sino las familias bolivianas, él seguirá envuelto en su demagogia populista sin que le cueste un peso.

El presidente peruano Alán García finalmente repondió a las múltiples afrentas e intromisiones del presidente boliviano Evo Morales en el manejo político y económico de su vecino: “no es propio del presidente de una nación como el Perú andar respondiendo a gritos de cantina” le dijo García a su par boliviano. Ya antes, García se había referido a Morales como “chabacano.” Excesivo? Poco diplomático? Seguro. Pero es que habría que hacer un compendio de las desentonadas declaraciones de Morales respecto al Perú. Se tendría un guión digno de las mejores películas de Cantinflas. Cuando las palabras no surgen de meditadas y estudiadas ideas sino del odio y rencor automático a quien piensa distinto y se aleja del vagón populista liderado por el venezolano Chávez, estas resultan en…”gritos de cantina.”

El periódico boliviano La Razón reporta la noticia de una desesperada mujer que ofrece uno de sus riñones a la venta por US$12,000. El primer dato interesante es que, basados en esta pequeña muestra, el precio por riñón en el mercado negro boliviano ha bajado sustancialmente. El 2006 escribí un post basado en reportes de  diarios bolivianos que afirmaban que el precio de un riñón oscilaba entre los US$30,000 y US$40,000. El segundo dato importante es que el mismo artículo de La Razón menciona que en los últimos dos años más de 1,000 personas se sometieron a hemodiálisis en La Paz  y 270 de ellas murieron.

Estas cifras muestran que, aunque el precio por riñón ha bajado (la crisis afecta a todos), el desabastecimiento es todavía altísimo y muchísima gente sigue muriendo por deficiencias renales. En el post del 2006 argumenté ampliamente sobre los beneficios de fomentar el uso de un mercado de riñones como la solución más eficiente a la escasez de donantes. Un riñón de transplante es un bien tremendamente escaso que solamente mercados libres y competitivos pueden asignar eficientemente. Las actuales restricciones legales a vender órganos prohiben el establecimiento de estos mercados e imponen implícitamente un precio máximo legal por riñón de cero (las donaciones deben ser gratuitas). La actual Constitución Política del Estado en Bolivia dice: “La ley regulará las donaciones o trasplantes de células, tejidos u órganos bajo los principios de humanidad, solidaridad, oportunidad, gratuidad y eficiencia.”

Si la venta de riñones – a precios no iguales a cero – fuera legal, más gente tendría incentivos a “donar” (vender) organos , el incremento de la oferta generaría precios menores que los actuales de equilibrio en el mercado negro, y muchos pacientes pudieran encontrar una cura. El tema es sin duda controversial pero urge un debate serio y práctico que considere los beneficios de liberar los incentivos naturales de compradores y vendedores.

En un post anterior argumentaba lo peligroso que puede resultar la inminente reforma del sistema de pensiones en Bolivia.  De acuerdo a reportes de prensa, dicha reforma pretende eliminar el mercado administrativo de los depósitos individuales y reemplazarlo por un monopolio estatal.

A medida que la noticia se amplía, surgen nuevos detalles. Hoy, La Razón reporta que el sistema será además “solidario” en el sentido de que los ahorristas que tuvieran un ingreso menor a Bs. 1,400, y por lo tanto no pudieran jubilarse al no alcanzar el monto exigido por ley, pasarían ahora al “fondo solidario” y podrían jubilarse con una pensión mayor a la que les correspondería en base a sus depósitos. El fondo solitario provendría de los empleadores. En pocas palabras, la reforma prevee una transferencia (obligatoria y automática) de personas de mayores ingresos a personas de menores ingresos.

Digamos primero que si lo reportado por el periódico es cierto, la actual ley de pensiones deja una interrogante importante: Dentro de un sistema de depositos individuales, por qué debería el gobierno decidir el monto mínimo ahorrado para la jubilación? No debieran ser los mismos ahorristas los que decidan que tamaño de pensión es la adecuada para cada uno? Es entonces “ilegal” el jubilarse o dejar de trabajar con pocos ahorros en el banco? Hay algo que no cuadra. Deberé leer la actual ley con calma.

Pero volviendo al fondo solitario de la reforma propuesta por el MAS. Esta claro que este instrumento jugará el rol de un Robin Hood rentista que le quite a los ricos para darle a los pobres. Una receta tan antigua como el mismo Robin Hood. Pero lo que muchas veces no vemos es que hacer más equitativa la vejez tiene tremendas implicaciones en la juventud. Nada es gratis. Existen incentivos que se distorsionan. Marginalmente, un ahorrista joven se podría preguntar: por qué trabajar más y ahorrar más si los que no lo hacen recibirán la plata del fondo solidario? Las empresas, a su vez, se podrían preguntar: por qué contratar mano de obra barata si tendré que hacer más “aportes” para su fondo solidario? Si además el monopolio público administrador de estas pensiones se torna ineficiente (como la gran mayoría de las  empresas públicas en la historia de Bolivia), el famoso fondo solidario tendrá que ser financiado con más impuestos que los pagan todos. En suma, la distribución de la riqueza a lo Robin Hood está siempre asociada a incentivos improductivos. Los Robin Hoods de izquierda son siempre muy buenos distribuyendo riqueza pero pésimos creandola.

Una fantástica descripción de lo “gratis” que resultan los servicios públicos: aquí.

El partido del presidente Evo Morales, el MAS, ha encontrado una interesante forma de captar adeptos y hacer campaña para el próximo referendum revocatorio. La ministra de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente (los títulos de ministerios se hacen cada vez más largos) ha empezado a organizar lo que ella llama “ferias del precio justo“: mercados agrícolas organizados en plazas en los que los precios son generalmente menores que en los mercados tradicionales. La idea es genial: las amas de casa no saben ni les interesa saber si los precios son “justos” o no. Sólo saben que son menores y por lo tanto compran en estas ferias y el MAS aprovecha de inscribir a nuevos militantes.

La idea será muy efectiva politicamente pero en el fondo es perversa y definitivamente “injusta.” Los precios en mercados competitivos (como los mercados agrícolas) no son justos o injustos sino simples termómetros que reflejan las condiciones de oferta y demanda. Está claro que los precios en los mercados tradicionales son más altos que en la plaza o la calle porque existen costos fijos de alquiler, impuestos, etc. No existe por tanto nada milagroso o “justo” en encontrar precios más bajos en la calle. (Es muy posible además que el ministerio esté cubriendo algunos costos de transporte a la ciudad).

Lo “injusto” está en aprovechar las prerrogativas de gobierno y establecer mercados callejeros absueltos de pagar impuestos…y además aprovechar su popularidad para ganar militantes… Cómo se sintiria el gobierno del MAS si los vendedores de ropa, autos, helados, hamburguesas, pizzas, y demás se establecieran en las calles y plazas y dejaran de pagar impuestos estableciendo “ferias del precio justo”?

Deberé en algun futuro post hablar de la ilusión populista del concepto de “justicia social.”

Leo en La Razón que el presidente Evo Morales enviará al congreso una ley que modificaría el actual sistema de pensiones en Bolivia. Una vez más, el objetivo parece ser que el gobierno sea el actor principal y se desmantele el mercado como mecanismo de asignación de recursos.

El manejo de pensiones es un tema delicado. La eficiencia y transparencia del manejo de los depósitos de cada ciudadano tienen efectos importantes en el corto y largo plazo. En el corto plazo, los administradores de las pensiones deben ser capaces de enfrentar sosteniblemente la demanda de pagos de aquellos que se jubilan. Esto quiere decir que el manejo de los depósitos debe ser no solo responsable sino además competitivo (si los rendimientos son menores a los del sistema financiero los depositantes prefirirán invertir para su jubilación en éste último). En el largo plazo, un manejo responsable y competitivo atraerá más ahorro o depósitos de los jóvenes reforzando la solidez del sistema mismo y empujando (via menores tasas de interés) el mercado interno de capital.

Eficiencia y transparencia son atributos difíciles de generar. Ningún sistema las puede asegurar completamente. Pero como se ha demostrado una y otra vez en la historia Boliviana (y mundial), los mercados competitivos tienen muchas más probabilidades de generar estos atributos que monopolios estatales. Al eliminar las administradoras de fondos de pensiones privadas (AFPs) y crear un organismo estatal encargado de esta tarea, la nueva ley de pensiones elimina los incentivos competitivos y revierte el manejo de la plata a los políticos. Sin competencia alguna, los depositantes estarán a merced del servicio de este ente estatal y, lo que es mucho más peligroso, esta empresa pública tendrá poco margén de escape frente a los problemas de liquidez del fisco.

La ironía sigue en pie después de tanto tiempo: En un país en el que los organismos estatales gozan históricamente de la peor reputación posible, por qué empeñarse en volver a darle al gobierno más responsabilidades?

Una buena descripción del daño que significa eliminar la posibilidad de comprar o vender. Aquí.